Otra vez las pensiones públicas

Cinco años ha costado que se consiguiera reeditar, en noviembre del año pasado, el consenso del Pacto de Toledo en torno al sistema público de pensiones, y que la mayoría de fuerzas políticas asumieran lo que la ciudadanía y las organizaciones sindicales veníamos reclamando: que las pensiones públicas dejaran de ser carnaza política y se urgiera una corrección del déficit de la Seguridad Social, sin infligir nuevos recortes a los pensionistas actuales y futuros.

Y aunque el acuerdo y la disposición política para ello llegaba tarde y tras muchos años de movilización sostenida, este fue un primer paso importante, que abrió un proceso de diálogo social en el que aún estamos inmersos. Durante todo el mes de diciembre los agentes sociales hemos estado trabajando en una primera fase de negociación con el gobierno, centrada en los asuntos más urgentes: asegurar la garantía del poder adquisitivo de las pensiones (vinculando de nuevo su revalorización al IPC); prorrogar la «cláusula de salvaguarda» de las condiciones de jubilación para aquellas personas que perdieron su trabajo antes de la reforma de 2013; y propiciar el equilibrio financiero y la sostenibilidad del sistema de Seguridad Social, actuando, fundamentalmente, por la vía de los ingresos (culminando la separación de fuentes y liberando al sistema de gastos impropios, entre otras medidas). Incluso habíamos encontrado disposición para estudiar reivindicaciones históricas de nuestro sindicato, como la aplicación de coeficientes reductores a la edad de jubilación para determinadas actividades laborales de especial dureza.

La extensión del periodo de cómputo para la determinación de la base reguladora de 25 a 35 años –iniciativa que se plantea y debate en los medios de comunicación antes que en la mesa del Diálogo Social–, supondría por ello, para nosotros, un incomprensible giro en la línea mantenida hasta ahora por el Gobierno de la nación que, además, ni siquiera encontraría justificación o respaldo en ninguna de las 22 recomendaciones de la Comisión del Pacto de Toledo, aprobadas por casi tres cuartas partes del Congreso.

Y es que esta propuesta, a falta de conocer con mayor concreción los requisitos o condiciones con que se pretendería implementar, supondría una disminución inmediata de la base reguladora de las nuevas pensiones. Porque implicaría tomar en cuenta para calcularla los primeros años de vida laboral, en los que se suelen percibir remuneraciones más bajas. Obviamente, una medida como esa, tomada de forma aislada, es una medida de recorte de las pensiones, que perjudicaría a la mayoría de la población y, solo coyunturalmente, podría beneficiar a quienes se ha expulsado del mercado de trabajo en los últimos años de su vida laboral. Además, tendría un efecto especialmente negativo para las mujeres, por lo general, con carreras de cotización más cortas.

Resulta, cuando menos, poco oportuno lanzar globos sonda de este tipo en lugar de respetar e impulsar el proceso de negociación que sigue abierto con organizaciones sindicales y empresariales. Ahí es donde nosotros seguiremos defendiendo que nuestros problemas tienen más que ver con los ingresos que con los gastos del sistema, y que además de liberarlo de las cargas financieras que le son ajenas, hay que plantearse aumentar esos ingresos adecuando las cotizaciones de todo el mundo a sus ingresos reales, mejorando con carácter general las aportaciones públicas a su financiación y, por supuesto, con políticas laborales que mejoren la calidad y cantidad del empleo.

Recortar de nuevo unas pensiones que se mantienen aún perjudicadas por la reforma de 2013 y que, en un significativo porcentaje, se encuentran por debajo del umbral de la pobreza (el 31.6% en España, el 38.2% en la Región de Murcia), no es ninguna solución para corregir el déficit de una Seguridad Social descapitalizada por oportunistas decisiones políticas a las que poco importó, verdaderamente, la sostenibilidad del sistema.

En cambio, los pensionistas de este país llevan mucho tiempo dándonos auténticas lecciones de solidaridad, dignidad y resistencia. En la crisis de 2008, se convirtieron en el único sostén de los cientos de miles de familias a las que el desempleo golpeó más duro. Y se implicaron como nadie en una movilización sostenida por años en defensa de las pensiones públicas, sobre todo, las de las generaciones futuras. Hoy vuelven a ser el único asidero de otras muchísimas familias a las que la pandemia ha vuelto a dejar a la intemperie de una crisis social y económica brutal. Y hoy retoman con nosotros la movilización social que es necesaria para recordar al Gobierno que en su agenda social no puede tener cabida ningún recorte más de las pensiones públicas.