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Mazón marcó el camino: en tiempos de presupuestos prorrogados «'d aeternum', ahí está Vox para facilitar la aprobación de la ley más importante de la ... que es responsable cada ejecutivo. El acuerdo del PP con la ultraderecha en la Comunidad Valenciana para sacar adelante los presupuestos de 2025 ha establecido un paradigma de 'pacto mefistofeliano' –vender el alma al mismísimo diablo– que otras regiones pretenden imitar. Una de estas regiones es la de Murcia, cuyo Gobierno autonómico se afana estos días por obtener el 'sí' de los de Antelo a los Presupuestos del año vigente. Cuando todo estaba encarrilado, las negociaciones parecen haber encallado por la exigencia de Vox de fulminar el llamado 'plan árabe' de los centros educativos. El PP lanza balones fuera bajo el argumento de que el Programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí viene impuesto desde Madrid y que, por tanto, las comunidades autónomas no tienen competencias para paralizarlo. Es curioso que, en pos de explicar la urgencia de la aprobación de los Presupuestos, López Miras haya declarado que, antes que por sus intereses o los del partido que representa, lo que prima en la decisión de 'presupuestos a toda costa' son los intereses de todos los murcianos. ¿De todos? Miles de murcianos son de origen magrebí –es un dato objetivo–. Y, parece ser, que hay rulando por ahí una norma suprema llamada Constitución española que, contra todo pronóstico, dice que todos los españoles somos iguales y tenemos los mismos derechos con independencia de nuestras creencias. Que, a estas alturas, pongamos en duda los derechos de todos aquellos que se han asentado en España durante las últimas décadas y que poseen sus propios códigos culturales constituye una distopía que no presentíamos hace unos años.
Lo dramático de este asunto es que PP y Vox han llegado a este estadio de la negociación, después de dar por sentado el acuerdo sobre otros dos puntos nucleares: las políticas antimigratorias y la no activación del Pacto Verde Europeo. La normalización social que se ha producido, durante estos últimos años, de las políticas ultras nos ha conducido a un escenario en el que lo obsceno es aceptado como un mal menor. El pragmatismo deshumanizado que preside el ejercicio de la política en la actualidad conlleva que el odio y el negacionismo supongan males menores en la escala de valores de muchos gobernantes. La criminalización del inmigrante, por parte de Vox, ha sido asumida por el PP como un punto menor que vale la pena refrendar con tal de obtener luz verde a los presupuestos anuales. Que un partido que se fundamenta en el humanismo cristiano acepte una banalización tal de la vida de las personas más desfavorecidas constituye un factor de contradicción tan mayúsculo que no caben matizaciones ni excusas de ningún tipo. El cristianismo sitúa en el centro de sus valores la figura y la realidad del otro. De hecho, y en origen, supone una filosofía de la alteridad. Pero nada o poco de esto queda en la identidad de un partido como el PP que está dispuesto a vender su alma a la extrema derecha con tal de favorecer supuestos intereses generales.
No menos significativa es la predisposición de los de Feijóo a abrazar el negacionismo climático de la ultraderecha. El rápido acuerdo para bloquear las políticas derivadas del Pacto Verde Europeo supone convertir en un juego de niños una cuestión tan acuciante y dramática como es el cambio climático. La vida de las siguientes generaciones –nuestros hijos y nietos– están en juego. Y, sin un planeta habitable, cualquier acción política resultará superflua, por no decir que patética. La demencia de los ultras ha hecho de las políticas verdes un comodín que utilizar con frivolidad en cualquier negociación. Parece que implementar medidas contra el cambio climático es una suerte de barniz o de 'margen decorativo' de origen 'woke' que se puede aplicar o no según el capricho del gobernante. Si repasamos los objetivos del Pacto Verde Europeo, los beneficios que se esperan extraer de él son: aire, agua y suelo más limpios; reducción de las facturas de energía; viviendas renovadas; mejor transporte público; más estaciones de carga para coches eléctricos; menos residuos; alimentos más saludables; y mejor salud para las generaciones actuales y futuras. ¿Alguien en su sano juicio –y por más polarización ideológica que padezca– puede estar en contra de estos puntos? O formulado en negativo: ¿Quienes firman con tanta alegría la suspensión del Pacto Verde se encuentran a favor de un aire contaminado, alimentos nocivos, un pésimo transporte público o unas generaciones futuras enfermas y con una salud paupérrima? ¿De verdad hace falta asumir unas políticas tan insolidarias y destructivas como estas para sacar adelante unos presupuestos? Y –claro está–, en un escenario tan agónico como este, ¿no existe la más mínima posibilidad de que los dos grandes partidos –PP y PSOE– dejen a un lado el rencor y la mediocridad y se pongan de acuerdo para saltarse las condiciones destructivas de la ultraderecha? La falta de estadistas no solo está hundiendo la política española en los niveles del cieno, sino que está destrozando la sociedad. Mientras estas dos formaciones no comprendan que su peor enemigo son las políticas ultras –en cualquiera de sus manifestaciones–, la política española y regional seguirá siendo una competición de egos que solo nos conduce a un sitio: la extinción.
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