La ley de la calle

Las imágenes de esta semana de las expresiones violentas contra las sedes del PSOE provocan escalofríos. Son el resultado de las estrategias del odio insufladas –cada uno a su modo– por PP y Vox. Los partidos políticos dejaron hace mucho tiempo de educar a su electorado en la crítica para buscar una masa irracional. Les asusta una ciudadanía crítica porque, en rigor, son entes pensantes que, de igual manera que nadan a su favor, lo pueden hacer en contra. Los sujetos críticos molestan: se rigen por la libertad de su pensamiento y eso va contra la disciplina de la militancia. No hay nada más sano para la democracia que el espíritu crítico insobornable. Y, por supuesto, la ley de amnistía tiene múltiples aspectos discutibles. No seamos ingenuos en este sentido. No creo que exista ningún socialista en este país –incluido el propio Sánchez– que no albergue ninguna duda acerca de ella. Una solución tan arriesgada no puede constituir una verdad absoluta. Yo mismo he confesado en esta misma sección mis reparos sobre esta estrategia. Y no tanto por la ley en sí –que efectivamente ayudará a mejorar la convivencia con Cataluña–, sino por un personaje como Puigdemont, que, en su delirio, está lejos de pasar por un socio fiable. La legislatura para Sánchez puede ser un calvario en manos de un supremacista y megalómano como él, a quien los intereses de Cataluña no parecen interesarle mucho.

Se puede dudar, sí. Es legítimo hacerlo, y la política española necesita de debates en profundidad. Pero una cosa es dudar y otra muy distinta incendiar las calles. De Vox espero cualquier cosa, pero de un partido como el PP, que ha sufrido la violencia en primera persona, no. Han pasado varios días hasta que sus dirigentes se han posicionado contra los actos violentos hacia las sedes del PSOE. Hasta llegar a este punto, hemos tenido que leer proclamas inflamatorias en redes sociales más propias de macarras y ultras que de representantes políticos. Y, cuando se han visto acorralados por el tenor de los acontecimientos, no les ha quedado más remedio que recoger velas y moderar –al menos en apariencia– sus comentarios. La inclusión de este matiz –'en apariencia'– se realiza con toda la intención del mundo. De hecho, el cortafuegos que Feijóo intentó poner ante la escalada de violencia callejera perdió credibilidad cuando, a renglón seguido, culpó a Sánchez de esos mismos actos que supuestamente estaba denunciando. ¿Cómo? ¿Hay alguna decisión política –por controvertida que sea– que justifique el ataque a policías y la amenaza a periodistas? ¿De verdad cree Feijóo que Sánchez es el culpable de eso? Estar de acuerdo con esto sería como esgrimir, durante la década de los 80, el siguiente argumento: condenamos enérgicamente la violencia terrorista, pero, claro, la culpa la tienen los policías y los políticos de PP y PSOE por ser policías y afiliados a tales partidos.

Además, detengámonos un momento en esta idea que señala a Sánchez como el peor de los males de la historia de España por pactar con Junts la ley de amnistía. Para Feijóo, el presidente en funciones del Gobierno es el origen del mal. Pero, ¿y él? No olvidemos que la alternativa a Puigdemont es la extrema derecha sentada en el Consejo de Ministros, en La Moncloa. El único aliado que tiene el PP, en estos momentos, es Vox; y de eso no tiene la culpa Sánchez, sino el conjunto de sus dirigentes que, durante los últimos años, han lanzado al centro-derecha en brazos de la ultraderecha. Que un político como Feijóo –una de las mayores decepciones de la política española contemporánea– pretenda focalizar todas las culpas en Pedro Sánchez me parece un cinismo obsceno. O entendemos que la responsabilidad de lo que sucede es mancomunada e incumbe a todas las partes o estaremos cayendo en un populismo tan estulto que agrede a la inteligencia más elemental. Sinceramente, prefiero un pacto con un personaje tan infecto como Puigdemont que al franquismo dirigiendo los ministerios de Educación y Cultura.

Soy consciente de lo tramposo y lo maniqueo que es este argumento, pero es que es la puñetera realidad a la que unos y otros –también el PP– nos han conducido. La mediocridad y los intereses espurios han llevado a que, a día de hoy, no existan las buenas soluciones en el tablero político español. Si Feijóo quiere proponer una alternativa a la ley de amnistía, que comience por moderar a su partido, alejarlo de la extrema derecha franquista y construir una red de alianzas que le garantice un gobierno en el que la carta de libertades fundamentales no se vea mermada. Mientras esto no suceda, su grado de culpabilidad en la deriva de la política española será mayor y no disimulable tras la gruesa cortina de histerias e hipérboles variadas.