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El virus SARS-CoV-2 se está mostrando cruel con las residencias. En estas instituciones se producen circunstancias que favorecen la entrada de la infección y su propagación: muchas personas en comunidad, contacto estrecho entre profesionales y residentes por los elevados niveles de dependencia, ratios de personal muy justos que obligan a los trabajadores a atender gran número de personas; o logísticas, como lavandería, limpieza o restauración, pensadas para ser eficientes, no seguras.
En España ha habido más de 24.000 fallecimientos, con Covid o síntomas compatibles, de personas que viven en residencias, el 44% de las muertes globales. En nuestra región, ese porcentaje, entre las dos olas, no llega al 28%, con un total de 176 fallecidos. ¿Por qué? La primera ola fue mas pequeña y tardía, lo que hizo que hubiera pocas residencias afectadas: solo cuatro brotes que coincidieron con los primeros casos regionales y que no tuvieron réplicas más tardías, una vez se tomaron medidas de confinamiento y protección.
Desde el mismo marzo, gracias a la coordinación entre IMAS, entidades gestoras de las residencias, Salud Pública y SMS, donde se creó un dispositivo específico para atender estas emergencias de salud –la Coordinación Regional para la Cronicidad Avanzada y la Atención Sociosanitaria (Corecaas)–, se realizó una labor de asesoramiento experto y reorganización de circuitos y actuaciones profesionales en las residencias, con evaluaciones sobre el terreno que incluían formación en el uso de EPI y simulacros ante casos positivos en una eventual segunda ola que, finalmente, comenzaría en agosto.
En esta segunda ola la Región ha sufrido un impacto grave. La elevada incidencia comunitaria ha tenido un correlato inmediato en las residencias, donde se han producido más de 30 brotes infecciosos con 108 fallecidos. Esta cifra terrible ha supuesto, no obstante, poco más del 22% de fallecimientos globales regionales por Covid en la segunda ola. A nivel del estado, este porcentaje supera ampliamente el 50%.
Desde el punto de vista de Corecaas, contrastado en una reciente reunión de trabajo con los técnicos de salud pública e IMAS y representantes de las residencias, esta baja mortalidad relativa (la menor de todo el país, excepto Canarias) se ha debido a varias circunstancias: la consistencia de la coordinación sociosanitaria que se inició en la primera ola y ha procurado unos protocolos y actuaciones sólidos, seguidos amplia y rigurosamente por las residencias y que ha permitido que, a pesar de haber tenido 460 trabajadores infectados en 84 distintos centros, solo haya habido 30 brotes, la mayoría con menos de 10 personas afectadas. Es decir, las medidas de prevención –diseñadas para que no entre la infección en los centros– y de mitigación hdirigidas a que, si entra, afecte a pocos residentes y lo haga con poca carga viral (algo que se ha relacionado con menor mortalidad)– han funcionado.
Pero, igualmente, la atención sanitaria ha sido excepcional: más de 350 trabajadores del SMS, dirigidos por un brillante equipo de enfermería de práctica avanzada, han acudido en ayuda de los centros afectados donde, en ocasiones, la mitad de la plantilla debía irse a sus casas por estar contagiados o ser contactos estrechos; se han trasladados toneladas de equipos de oxigenoterapia, medicación y material sanitario para poder atender a casi 600 residentes infectados con pautas análogas a las de un hospital; se han realizado más de 20.000 PCR, con respuesta en menos de 24 horas, para poder caracterizar y controlar los brotes; y se han desplegado actuaciones intensivas de limpieza y desinfección durante semanas.
De igual modo, un grupo de casi 20 médicos altamente especializados, la mayoría de Corecaas, pero con un apoyo, esencial, de las áreas de salud, ha atendido a los enfermos en las residencias con los protocolos más avanzados y una asistencia especialmente rigurosa al final de la vida, procurando que 83 fallecimientos, de los 108, ocurrieran, con los mejores cuidados paliativos y acompañados por sus familias, en sus domicilios (su residencia), tras un proceso decisional compartido. Se han realizado casi 30 comparecencias públicas de Corecaas con más de 600 familiares de los residentes afectados (por la infección o por el confinamiento) para dar cuenta de las actuaciones y atender las dudas o quejas, la mayoría relacionadas con la información, siempre insuficiente para las angustiadas familias.
Un esfuerzo logístico y humano que, con inevitables áreas de mejora, yo nunca había visto y cuya excepcionalidad, creo, debe ser conocido por la opinión pública. En este esfuerzo, merece mención aparte la abnegada labor de las direcciones y profesionales de los centros, que han vivido esta situación con la angustia de ver a sus queridos usuarios en peligro y, además, sentirse condenados, injustamente en mi opinión, debido a denuncias de trabajadores que señalaban problemas puntuales en situaciones de máxima complejidad y emergencia los primeros días de los brotes. El sector sociosanitario requiere un apoyo vigoroso, político y social, para repensar cómo vamos a seguir atendiendo la cronicidad avanzada y la gran dependencia tras las evidencias de la vulnerabilidad del actual modelo, pero la causa general abierta resulta sencillamente insultante e injusta para unas organizaciones que han hecho lo imposible con las condiciones que la sociedad, a través de sus representantes políticos, ha establecido y que, desde luego, son insuficientes.
Los resultados de la pandemia por SARS-CoV-2 en las residencias de la Región no ilustran una historia de terror sino de esperanza. Organizaciones, profesionales, residentes y familias han demostrado que, ante una terrible emergencia, la voluntad, el esfuerzo y la confianza mutua pueden convertirse en un símbolo de solidaridad y conciencia cívica capaz, sin duda, de transformar la atención a la fragilidad.
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