No son 'menas', son niños y niñas

Ante el discurso público y las declaraciones realizadas desde algunos ámbitos políticos en relación con los menores extranjeros no acompañados, a los cuales se refieren con el acrónimo de 'menas', vinculándolos abiertamente con la delincuencia y la inseguridad ciudadana, considero necesario el poner de manifiesto ante la sociedad algunas consideraciones.

Muchas de las afirmaciones que se realizan en relación con estos menores extranjeros no acompañados están basadas en estereotipos, generalizaciones y datos falsos, provocando en la ciudadanía un miedo infundado, poniendo en riesgo la seguridad de los menores acogidos en los centros de diversas comunidades autónomas del Estado español, como se ha acreditado con el reciente lanzamiento de un paquete con un artefacto explosivo al interior del recinto del Centro de Primera Acogida de Hortaleza en Madrid, o la colocación de otro artefacto, aparentemente explosivo, en el centro de menores de Alhama de Murcia. Algunas de estas declaraciones podrían ser constitutivas de delito, al poder encuadrarlas dentro de la consideración de delitos de odio, los cuales están tipificados penalmente.

Es necesario denunciar la utilización del término genérico 'menas', el cual elimina el rostro humano de cada menor no acompañado, su trayectoria personal, su historia de vida, sus sueños, anhelos y esperanzas. Se trata de un término que esconde e invisibiliza a las personas. Como nos recuerdan los menores de la asociación Nana de Melillla que acompañaron a la Fundación Cepaim en su Congreso de Artes y Diversidad, no son 'menas', son niños y niñas con rostro, con nombres y con historia personal.

No, no son 'menas', son «menores de 18 años, nacionales de terceros países, que llegan a territorio español sin ir acompañados de un adulto responsable de ellos, ya sea legalmente o con arreglo a los usos y costumbres, en tanto no se encuentran efectivamente bajo el cuidado de un adulto responsable», tal y como los definía la Resolución del Consejo de Europa del 26 de junio de 1997.

Partiendo de esta definición y de la asunción de los principios de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (Unicef 2006), así como de lo establecido por las leyes nacionales de protección a la infancia, la llegada de un menor migrante no acompañado a cualquier territorio del Estado español supone la obligación legal de su tutela por parte de las administraciones autonómicas que son las competentes para ello, como administración responsable de la protección a la infancia. Por tanto, para las comunidades autónomas del Estado español, para el Gobierno de la Región de Murcia, la acogida de los menores extranjeros no acompañados no es una opción, es una obligación legal.

El fenómeno de la llegada de menores extranjeros no acompañados es una realidad en España desde mediados de los años noventa, si bien es a partir de los años 2002 y 2003 cuando las llegadas comienzan a ser más significativas en algunas comunidades autónomas. Por tanto, no podemos hablar de ningún efecto llamada vinculado con decisiones políticas coyunturales, sino de un fenómeno estructural que tiene sus causas en las situaciones de pobreza y exclusión social en sus países de origen.

A junio de 2019 había contabilizados en España por el Ministerio del Interior un total de 12.301 menores migrantes no acompañados, con una presencia más significativa en las comunidades autónomas de Andalucía, Cataluña, Madrid, Valencia, Ceuta, Melilla, Pais Vasco o Región de Murcia.

La generalización del termino 'menas', a nivel social y mediático, ha traído consigo la deshumanización y la criminalización de un colectivo en situación de extrema vulnerabilidad que requiere de intervención inmediata. Debemos hablar de ellos y ellas como lo que son: niños, niñas y adolescentes que están solos y expuestos a la pobreza, al desamparo y la exclusión social. Son niños, niñas y jóvenes que presentan una fuerte inseguridad, pérdida de autoestima, comportamientos defensivos, soledad, sentimientos de inferioridad y una actitud de fracaso al no poder responder a las expectativas familiares en sus países de origen.

Entre los motivos que llevan a estos niños, niñas y jóvenes a salir de sus países de origen se encuentran la pobreza, la falta de futuro y expectativas; situaciones de desestructuración familiar y desprotección institucional; catástrofes naturales; la guerra, la persecución, la violencia, situaciones de violación generalizada de los derechos humanos o la crisis climática.

Cuestionamos desde estas páginas las posiciones políticas que han llevado a la no suscripción de la declaración institucional en favor de los derechos del niño propuesta por Unicef, el pasado 20 de noviembre.

Reclamamos al conjunto de nuestra sociedad y a las comunidades autónomas responsables, entre ellas la Región de Murcia, la necesidad de garantizar la acogida de los menores extranjeros no acompañados y su atención integral, a la vez que pedir la no criminalización de este colectivo y la no estigmatización de los centros de menores, apoyando su funcionamiento, no planteando su cierre.