España y Cataluña, ¿quién abandona a quién?

El catálogo de concesiones es amplio y abarca distintos ámbitos fundamentales. En primer lugar, los indultos concedidos a los líderes del proceso han supuesto un duro golpe para la credibilidad del sistema judicial y el principio de igualdad ante la ley. Estas medidas, justificadas bajo la premisa de la 'reconciliación', han sido percibidas como una claudicación ante quienes vulneraron el orden constitucional y desafiaron la unidad del país.

A ello se suma la modificación del Código Penal, que eliminó el delito de sedición y redujo las penas por malversación, facilitando la situación jurídica de los independentistas procesados. Ahora, la Ley de Amnistía en trámite supone un nuevo peldaño en la escalada de cesiones, al exonerar de responsabilidad penal a aquellos que participaron en los hechos de 2017 y otros posteriores, incluyendo a Carles Puigdemont, quien sigue fugado de la justicia.

En el ámbito lingüístico, la prevalencia del catalán se ha convertido en un elemento de discriminación hacia los castellanohablantes, con la exclusión del español en ámbitos educativos y administrativos. La legislación favorece de manera abrumadora el uso del catalán en detrimento del castellano, vulnerando derechos fundamentales de los ciudadanos y consolidando una estructura excluyente.

En cuanto a seguridad, la expulsión progresiva de la Policía Nacional y la Guardia Civil de Cataluña ha sido otra exigencia independentista que se ha ido cumpliendo paulatinamente con el incremento notable del número de efectivos de los Mossos d'Esquadra. Este movimiento refuerza la idea de una Cataluña con un aparato policial propio y desligado de las fuerzas de seguridad estatales.

Por otro lado, el Gobierno ha transferido la gestión de Cercanías de Renfe a la Generalitat, así como competencias sobre puertos y aeropuertos, lo que refuerza el control del independentismo sobre infraestructuras estratégicas. En materia tributaria, la creación de la Agencia Tributaria Catalana avanza en la idea de una hacienda propia al margen del sistema fiscal nacional, una vieja aspiración del secesionismo.

Finalmente, la condonación parcial de la deuda catalana es una de las medidas más polémicas, ya que supone un agravio comparativo respecto a otras comunidades autónomas. El Gobierno central ha justificado esta decisión bajo el pretexto de aliviar la situación financiera de Cataluña, pero en la práctica supone una financiación privilegiada a una comunidad que ha gestionado sus recursos con criterios políticos antes que económicos.

A pesar de este aluvión de concesiones, los independentistas todavía mantienen en su lista de demandas elementos clave para completar su hoja de ruta. Entre ellos, la competencia de fronteras, que permitiría a la Generalitat controlar la entrada y salida de personas y mercancías, al estilo de un Estado independiente. También buscan un régimen de financiación singular, el llamado 'Cupo Catalán', similar al que disfruta el País Vasco, lo que les otorgaría una soberanía fiscal casi plena.

Otro de los objetivos pendientes es la creación de un Tribunal Supremo Catalán, lo que supondría la desconexión total del poder judicial estatal en Cataluña. Y, por supuesto, la gran aspiración del independentismo: la celebración de un referéndum de autodeterminación, que hasta ahora ha sido rechazado por el Gobierno central, pero que, de continuar la tendencia actual, podría ser autorizado bajo algún eufemismo semántico que disimule su verdadera naturaleza.

Si el ritmo de concesiones continúa al mismo nivel, no es descabellado pensar que antes de que termine la legislatura, algunas de estas demandas aún pendientes sean satisfechas. Y, si en la próxima legislatura Pedro Sánchez sigue al frente del Gobierno, la culminación del proceso con la autorización del referéndum parece una posibilidad real.

El problema de fondo no es solo la ruptura territorial que el independentismo persigue, sino el progresivo abandono de Cataluña por parte del Estado español. En lugar de defender la unidad, el Gobierno ha optado por la cesión continua, debilitando la presencia del Estado en Cataluña y dejando a los ciudadanos no independentistas en una situación de desamparo institucional. España no se está desgajando de Cataluña por una insurrección popular, sino por una desconexión pactada desde el Gobierno central, que cada vez deja más espacio a las estructuras paralelas del independentismo. Deja tanto espacio, que apenas se ve ya una bandera nacional en todo el territorio catalán.

Si este proceso continúa, llegará un momento en que, sin necesidad de una declaración formal de independencia, Cataluña será un Estado dentro de otro Estado, con competencias plenas en casi todos los ámbitos y con el referéndum como la última pieza del rompecabezas. Para entonces, lo que parecía imposible habrá sucedido: España habrá abandonado Cataluña sin necesidad de que esta haya tenido que separarse por su propia cuenta.