El deterioro institucional en España

Sin embargo, en 2004, un trágico atentado terrorista en Madrid cambió el rumbo de la política española. El PSOE, liderado por José Luis Rodríguez Zapatero, ganó las elecciones y comenzó a implementar una serie de políticas que, según sus detractores, sembraron la semilla de la división. Especialmente, la Ley de Memoria Histórica, aunque bien intencionada para algunos, reabrió viejas heridas y polarizó a la sociedad, resucitando los fantasmas de la Guerra Civil.

La crisis financiera de 2008 golpeó a España con fuerza. El gobierno de Zapatero, acusado de no anticipar la gravedad de la situación, dejó al país al borde del abismo económico. Los recortes y las medidas de austeridad implementadas por su sucesor, Mariano Rajoy del Partido Popular (PP), permitieron una recuperación dolorosa pero necesaria. Sin embargo, la estabilidad fue efímera.

En 2018, Pedro Sánchez, a través de una moción de censura histórica, derribó al gobierno de Rajoy, quien, aparte de lograr la recuperación económica, en el resto de políticas fue una nulidad. Sánchez, al frente del PSOE, comenzó un gobierno marcado por la controversia y la polarización. Acusado de nepotismo y de politizar las instituciones, Sánchez colocó a personas de confianza en puestos clave, desde el CIS hasta RTVE, pasando por la Fiscalía, Tribunal Constitucional, Correos, Agencia EFE, Paradores, etc., generando críticas sobre el deterioro de la independencia institucional.

La política exterior de Sánchez ha sido un tema de debate constante. Su manejo de relaciones con Marruecos, el Sáhara Occidental, Argelia, Argentina, Venezuela y otros países ha sido visto como errático y perjudicial para los intereses españoles. Las decisiones respecto a Gibraltar y su posición sobre el conflicto en Israel han generado tanto sorpresa como rechazo, haciendo difícil discernir una línea clara y coherente en la diplomacia española.

En el frente interno, Sánchez ha gobernado sin haber resultado ganador en ninguna elección, basándose en alianzas con partidos nacionalistas y separatistas, ingeniosamente bautizada por el malogrado Pérez Rubalcaba como Alianza Frankestein. Estas coaliciones han sido percibidas como un constante intercambio de favores, con Sánchez cediendo continuamente ante demandas regionalistas a cambio de apoyo parlamentario. Esto ha fortalecido los movimientos independentistas en Cataluña y el País Vasco, aumentando la fragmentación política y social en España.

Los recientes escándalos de corrupción que involucran a su familia han añadido leña al fuego. Hasta la misma Moncloa ha sido colonizada por la esposa del Presidente, al igual que Juan Guerra colonizó la Junta de Andalucía y en el caso de Begoña, como en el de Juan Guerra, seguimos sin saber en calidad de qué reciben a estos visitantes profesionales. La reacción del gobierno ha sido intentar controlar los medios de comunicación, aprobando leyes que muchos consideran censura encubierta. La independencia judicial también se ha visto comprometida con el control ejercido, primeramente con la Fiscalía General del Estado, por medio de Dolores Delgado en primer lugar y, posteriormente, con Álvaro García Ortiz, y sobre el Tribunal Constitucional a través de figuras como Conde Pumpido, socavando la separación de poderes y erosionando la confianza en las instituciones.

El caso de los ERE andaluces es un claro ejemplo de cómo la influencia política puede distorsionar la justicia. Lo que comenzó como el mayor escándalo de corrupción en la historia democrática de España, terminó con condenados que, gracias a las reinterpretaciones inverosímiles de sentencias del Supremo, que ha hecho el Tribunal Constitucional, actuando indebidamente como Tribunal de Casación, vieron sus penas reducidas o anuladas. Este tipo de maniobras judiciales socava la credibilidad del sistema legal y alimenta la desconfianza de la ciudadanía en sus líderes.

La polarización se ha convertido en una constante en la política española. Los debates se han vuelto más acalorados, y la capacidad para alcanzar consensos se ha reducido significativamente. Las sesiones de control al Gobierno en el Congreso y Senado son visceralmente deletéreas, circulando los insultos y procacidades en ambos sentidos y las elecciones se convierten en batallas campales, donde las campañas se enfocan más en demonizar al oponente que en proponer soluciones constructivas. La sociedad, dividida entre izquierdas y derechas, nacionalistas y constitucionalistas, mira con desconfianza y temor hacia el futuro.

El panorama político en España es sombrío. Las instituciones, que una vez fueron el orgullo de una democracia ejemplar, ahora están bajo sospecha y escrutinio. La corrupción, el nepotismo y la manipulación política han minado la confianza en el gobierno y en la justicia. La polarización y la fragmentación regional amenazan con desmembrar el país desde dentro.

Sin embargo, no todo está perdido. La sociedad española ha demostrado una capacidad increíble para adaptarse y superar adversidades. La solución a esta crisis institucional puede residir en un nuevo pacto social, un esfuerzo renovado para reconectar con los principios de la Transición: diálogo, consenso y respeto mutuo, aunque requisito previo para ello es la renovación de la cúpula de los dos principales partidos políticos.

Es crucial que los líderes políticos escuchen el clamor de la ciudadanía por transparencia, justicia y equidad. Las reformas institucionales son necesarias para restaurar la confianza en el sistema. El fortalecimiento de la independencia judicial, la protección de la libertad de prensa y el combate frontal contra la corrupción deben ser prioridades.

La situación actual en España nos recuerda que la democracia es un proceso continuo que requiere vigilancia y compromiso. Las instituciones democráticas, aunque robustas, pueden deteriorarse si no se les protege y se les refuerza constantemente. La lección que se debe extraer de este desastre institucional es que la democracia, por sí misma, no es un estado de perfección, sino una práctica constante de responsabilidad y participación ciudadana.

España, con su rica historia y su capacidad de resiliencia, tiene la oportunidad de superar esta crisis y emerger más fuerte. La transición democrática de los años 70 es un testimonio de lo que se puede lograr cuando una nación decide unirse por un bien común. Es hora de que España vuelva a encontrar ese espíritu de unidad y renovación, para garantizar un futuro democrático y próspero para las generaciones venideras.

Los integrantes del Grupo de Opinión «Los Espectadores» son:

Jesús Fontes, Javier Jiménez, José L. Garcia de las Bayonas, José Izquierdo, Blas Marsilla, Luis Molina, Palmiro Molina, , Francisco Moreno, Antonio Olmo, José Ortíz, Francisco Pedrero, Antonio Sánchez y Tomás Zamora.