Libertad de ¿información?

En cualquier caso, al tema. Hace unas semanas una periodista de 'El País' asistía como tertuliana a un debate de TVE en el que entrevistaban a Macarena Olona, una de las líderes de Vox. En su pregunta, cuyo contenido no es relevante para lo que hoy nos ocupa, la redactora apostilló: «¿Entonces, qué hará la ultraderecha?». Olona, que es una diputada experimentada, preguntó si podían por favor explicarle bajo qué premisa se les estaba calificando como tal. La periodista naturalmente no supo qué responder porque ni en su peor pesadilla hubiera imaginado que un político que recibiera semejante insulto iba a reclamarle explicaciones algún día sobre la base que justificaba la ofensa. Lo que ocurrió después es el pan de cada día de este mundo tecnológico y cruel: el vídeo se viralizó, las derechas jalearon a Olona y las izquierdas defendieron que el incidente era un ataque frontal a la libertad de prensa y casi que también a la Biblia y al Corán.

Por partes. Los periodistas tienen derecho a preguntar lo que quieran siempre, a investigar sobre lo que consideren oportuno y a ser incómodos con cualquiera que ostente un puesto de responsabilidad pública. Un líder de Vox tiene que ser capaz de responder sobre si opina que la homosexualidad es una enfermedad o si se ha vacunado contra la Covid, de la misma forma que otro de Podemos tiene que poder explicar si Arnaldo Otegi le parece un hombre de paz o si a los curas habría que encarcelarles por herejes con la religión climática o feminista.

La libertad de información no debe tener límites, y nadie en su sano juicio democrático puede proponer ninguna restricción que la socave. Pero de la misma forma que esta es una verdad incontestable, también lo es que algunos periodistas, siempre la minoría, no pueden ampararse en su derecho a informar para justificar continuas faltas de respeto, calificaciones despectivas y ataques personales a cualquier cargo público por el mero hecho de que su condición de redactores, tertulianos u opinadores les confieran una suerte de altura moral que otorga el indulto automático ante cualquier descalificación.

Hay una diferencia abismal entre informar e insultar. Preguntarle a un representante público su opinión sobre un tema o su implicación en un asunto de índole profesional es prácticamente obligatorio. Inundar tales preguntas con adjetivos calificativos subjetivos, especialmente aquellos con una clara carga peyorativa, no es ni informar, ni ejercer el periodismo ni mucho menos garantizar el legítimo derecho de los españoles a obtener información veraz.

Durante muchísimos meses hemos soportado a periodistas de radio, televisión y prensa escrita jugar con las siglas de Isabel Díaz Ayuso, cuyo acrónimo es IDA, para sugerir que pudiera tener algún tipo de enfermedad mental que justifique que la izquierda no entienda ni qué ha pasado en los últimos meses en España. Poco tiempo atrás el aspecto físico del alcalde de Madrid era motivo de sorna por parte de aquellos que dicen luchar contra la gordofobia, y una y otra vez los teóricos verificadores de información, particularmente los que emanan de la empresa de Ana Pastor, se esmeran en sacar a relucir hasta la última coma mal colocada de la derecha mientras la mentira más flagrante de la izquierda pasa por encima como una mera equivocación de parte.

El periodismo es una profesión imprescindible para el ejercicio de la política, y la ideología de los periodistas no solo no es un problema sino que en muchas ocasiones es hasta una ventaja competitiva.

Lo que no lo es en absoluto es el activismo político disfrazado de objetividad mediática, y mucho menos bajo el amparo de la libertad de informar que el contrario es un rancio ultraderechista sin derecho a réplica.

Mal futuro construimos si hacemos pasar por información lo que es un mero desahogo. Entren en política y dejen de ensuciar el periodismo, que a este lado el mundo es mucho más divertido. O al menos, algo menos cínico.