Legitimidad

Asistimos como espectadores atónitos a una huida hacia delante de los políticos que nos representan. Y algunos no damos crédito a tanto despropósito que tiene el peligro de socavar las bases sobre las que se ha construido la convivencia en este país durante los últimos cuarenta años. Cada vez se usan más de forma frívola algunas palabras terribles como golpe de Estado. Parece que estamos en una lucha fratricida para ver quién dice la animalada más fuerte. El Partido Popular ha perdido las referencias cuando pide al Tribunal Constitucional que paralice una votación en el Congreso de los Diputados. Jeremy Bentham, un adelantado en el siglo XIX, propuso, sin que se le haya hecho caso nunca, que los tribunales pudiesen sancionar a los parlamentarios cuando estos elaborasen alguna ley que fuese en contra de la Constitución. Pero nadie en su sano juicio ha dicho que se prohíba al poder legislativo hacer lo que le corresponde: aprobar leyes. ¿De verdad la Constitución del 78 pone en algún sitio que eso es competencia del Tribunal Constitucional? Es una barbaridad mayúscula y un grave error, quiero creer, impulsado por la incompetencia y la desesperación.

Pero el Partido Socialista Obrero Español es, sin ninguna duda, corresponsable de este tremendo conflicto institucional. Es plenamente legítimo que apruebe las leyes que quiera en el Parlamento, ya que tiene la mayoría para hacerlo. De eso va la democracia. Y más la parlamentaria como la española. Quien tiene los votos suficientes aprueba las leyes. Pero hay temas que por una cuestión estética y, sobre todo, por un buen servicio a la democracia española es mejor hacer de otra forma.

Una de las grandes lacras que afectan a la credibilidad de las democracias occidentales es, sin duda, la corrupción. Las encuestas españolas muestran que la corrupción no es el tema que más se tiene en cuenta a la hora de votar. Pero sí es un tema que influye, y mucho, en la desafección que los españoles muestran hacia el conjunto de las instituciones del país. Es, por tanto, una cuestión muy relevante. El cambio normativo que impulsa el Gobierno de Pedro Sánchez es, como mínimo, innecesario y contraproducente. ¿Olvidamos que los mayores casos de corrupción en España, como los que afectaron al PSOE y al PP, fueron originados por los intentos de financiar a esos dos partidos y que no implicaron un lucro personal para muchos de los implicados? Ya no sería un delito de acuerdo con la reforma del Código Penal. Un mal servicio a la democracia española rebajando las penas por corrupción en vez de incrementarlas.

La reforma del nombramiento de los integrantes del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional está siempre presente en el debate político desde la aprobación de la Constitución de 1978. Pero los cambios normativos que se han realizado a los procesos de elección se han pactado siempre entre los dos partidos mayoritarios en el apoyo de los españoles. Los cambios tenían que haberse realizado en 2018 cuando gobernaba todavía Mariano Rajoy. No se pudo llegar a un acuerdo y 4 años más tarde nos entran las prisas. ¿Verdaderamente es tan urgente? Tampoco es muy estético que los dos propuestos por el Gobierno hayan formado parte del Poder Ejecutivo hasta hace nada. Es cierto que todos tenemos nuestro corazoncito ideológico y que este es claramente visible en los integrantes de todas las instancias del Poder Judicial, pero ¿es necesario que sea tan manifiesto? Es una evidencia que dañará todavía más la imagen de neutralidad política y, por tanto, afectará negativamente a la percepción de la democracia española por sus ciudadanos.

En Ciencia Política se estudian mucho las crisis que afectan al conjunto del sistema y las opciones de resolución de las mismas. Muchas veces los escenarios alternativos son verdaderamente terribles. Pero también lo es la crisis sistémica que, entre todos, están provocando en este país.