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La Justicia afronta un serio reto a raíz de esta pandemia. No hablo de los muchos problemas que afectan a la Administración de Justicia, sino ... de 'El Problema' (con mayúsculas) que ahora nos desafía. A mi juicio, el verdadero obstáculo no es la paralización forzada de la actividad judicial por orden del Ejecutivo nacional durante varias semanas. Ni es la primera vez que nos enfrentamos a situaciones así (algunas huelgas de funcionarios duraron más tiempo), ni ese parón es algo que no pudiera recuperarse con medidas de refuerzo. 'El Problema' es otro y presenta una doble faceta.
Por un lado, ante la entrada masiva de nuevos litigios derivados de las medidas adoptadas para evitar los contagios, la Justicia debe identificar las prioridades. No 'sus' prioridades, sino las de la sociedad en su conjunto. Y ello obliga a reflexionar sobre nuestra misión como Poder del Estado y como servicio público, que no es otra que dar respuesta efectiva –siempre a través del derecho– a los concretos problemas que la sociedad plantee en cada coyuntura histórica. No hay duda de que las prioridades de hoy son diferentes de las de hace apenas cinco semanas.
Definir qué tipologías de asuntos deben merecer nuestra atención de manera urgente y prioritaria deberá ser el resultado de la colegiación de puntos de vista entre los diferentes sectores implicados. A expensas de lo que resulte de ese diálogo, que desde el TSJ de la Región de Murcia vamos a iniciar inmediatamente con todos los colectivos concernidos, me atrevo a anticipar cuáles podrían ser, y no por este orden, algunas: la conservación del tejido económico, la preservación de los puestos de trabajo, la atención urgente a familias y menores, la protección de las personas y grupos más vulnerables y la salvaguardia de los derechos individuales y las libertades públicas.
Tan pronto identifiquemos las prioridades, en ellas deberíamos volcar nuestros esfuerzos, tanto mediante las medidas que permitan reforzar de manera extraordinaria los órganos judiciales encargados de su resolución, como mediante medidas organizativas y procedimentales que contribuyan a un mejor aprovechamiento de las capacidades ya instaladas en el sistema judicial. El Consejo General del Poder Judicial y otras instancias ya han apuntado algunas interesantes.
La segunda dimensión de aquel 'Problema' al que antes me refería es que no solo se va a incrementar masivamente el número de conflictos judicializados, sino que no podemos contar con un escenario permanente de normalidad para tramitarlos y resolverlos. Son muchas las voces expertas que nos alertan de la alta posibilidad de retorno a situaciones de confinamiento o de restricción de la movilidad.
Se trata de escenarios que afectan decisivamente a la actividad judicial tal y como la conocemos. Nuestros juzgados son lugares de alta concentración de personas: servidores públicos, profesionales y usuarios son convocados diariamente a interactuar presencialmente en nuestras sedes judiciales.
Debemos aprender de la experiencia y afrontar sin dilación esos otros posibles escenarios futuros de confinamiento o restricción de movilidad, con el fin de que la paralización total (salvo en servicios esenciales) no sea, como en esta ocasión, la única opción. Lo escribía hace unos días en 'Le Monde' la jurista y actual ministra de Justicia francesa, Nicole Belloubet: «El Estado de derecho no está en cuarentena». La maximización del teletrabajo para los servidores públicos, la rotación de turnos (incluso en horarios de mañana y tarde), la atención telemática a profesionales y usuarios, el acceso remoto de estos a los expedientes judiciales o la celebración del mayor número de actuaciones judiciales por videoconferencia (el artículo 229.3 LOPJ las permite si el juez lo autoriza), se aventuran como alternativas viables en aquellos escenarios (por cierto que muchas de ellas también muy aconsejables en escenarios de normalidad). En este sentido, el TSJ de la Región de Murcia ha sido, junto con la Audiencia Nacional, la avanzadilla en la introducción del teletrabajo en la Administración de Justicia. En solo tres semanas se han solicitado y conseguido del Ministerio de Justicia las adaptaciones tecnológicas que han hecho posible que, a día de hoy, ya haya un buen número de funcionarios teletrabajando desde sus domicilios (en breve podrán todos). Y solo unos días después de la declaración del estado de alarma, en todos los juzgados de guardia de la Región se instalaron sistemas de videoconferencia corporativos y securizados que permiten conectar las sedes judiciales con cualquier dispositivo.
Como toda crisis, también la de la Covid-19 actúa como un espejo que nos devuelve el reflejo de lo que somos. En ese espejo, la sociedad española ha visto en estos días actitudes de entrega, de solidaridad, de flexibilidad y de compromiso; también de egoísmo, individualismo, rigidez y sectarismo. Observar esa imagen reflejada es la oportunidad, pero también la crueldad, de esta crisis. La Administración de Justicia y el sistema de Justicia en su conjunto se miran ahora a ese espejo y tienen la oportunidad de dejar de complacerse en la imagen que este les devuelve y de afrontar, por la urgencia que impone la ocasión, la superación de las rigideces y la parálisis que tantas veces les han acompañado.
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