Sí bueno, la corrupción y eso

La venta no llegó a materializarse: apenas un año después de aquel anuncio, Casado y García Egea elevaban el tono del pulso que jugaban con Díaz Ayuso y acusaban públicamente a la madrileña de haber amañado contratos de suministros sanitarios a beneficio de su hermano Tomás. El asunto se cerró con las cabezas de ambos en una bandeja. No, no las de los hermanos Ayuso, cómo se te ocurre. Con las de Casado y García Egea, que eran expulsados con deshonor para inaugurar (sin primarias ni hostias) la Era Feijóo. Una de sus primeras decisiones fue ahondar en la humillación de su predecesor: no era necesario vender Génova, no nos pongamos tan intensitos.

Lejanos ya en el tiempo, aquellos dos gestos (el plan para cambiar de sede y la acusación contra Ayuso) fueron los últimos en que vimos al PP plantarle cara en serio a la corrupción, otrora una consigna fundamental en el partido. No solo en el partido: el acuerdo con Ciudadanos tras las elecciones de 2016 incluyó la cláusula de apartar en el acto a cualquier cargo público imputado (ahora 'investigado') por corrupción. No os vais a acordar, pero esa cláusula les costó el puesto a figuras como Pedro Antonio Sánchez -forzado a dimitir en 2017- o Adela Martínez-Cachá. Eran otros tiempos, supongo. Ciudadanos saltó por los aires el año pasado a raíz del intento de Arrimadas de deshacer el matrimonio (maltrato incluido) con el PP. Lo que Rivera había unido no lo pudo deshacer Inés, y el partido pasó, de la noche a la mañana, de freno de mano contra la corrupción a fábrica de tránsfugas.

Ya libres de aquellas obligaciones conyugales (su nueva cohabitación, con Vox, no incluye muchas cláusulas, siquiera cosméticas, contra la corrupción), los populares parecen tentados a confundir buenas encuestas con cheques en blanco, a refugiarse en el victimismo, el 'y tú más', la omertà y el cierre de filas. Es cierto que, según el CIS, la corrupción está bajando puestos entre los problemas señalados como más importantes del país (en 2013, en pleno tsunami de mierda Gürtel/Bárcenas, había alcanzado el segundo, con el 44,5% de respaldo). El conflicto catalán, la irrupción de la ultraderecha y la pandemia sacaron temporalmente el asunto del centro del debate público. Elías, llama a los de las mudanzas y diles que al final nos quedamos en Génova, bro. Sí tío, qué movida, mudarse. En verdad qué perezón.

La primera señal de alerta de que tal vez no convendría relajarse tanto con el tema en un año tan electoral debería haberse encendido con el caso García Albiol. El político catalán, que saltó al candelero ya en 2015 por utilizar consignas xenófobas al más puro estilo Vox, fue promocionado a principios de año por Feijóo, quien lo colocó en el influyente Comité de Campaña nacional. Investigado en un caso de prevaricación urbanística y en otro por lesiones contra una asesora del PSC, piden para él hasta dos años y diez meses de prisión. El PP no ve motivos para apartarle a pesar de que su propio código ético dispone suspender de militancia a sus cargos tras la apertura de juicio oral, algo que en el caso de Albiol ya ha sucedido. «Es algo administrativo», justifica Gamarra.

Y en Murcia, galaxia algo más lejana aún, se acumulan los escándalos. A la reciente condena de Pedro Antonio Sánchez a tres años de prisión por el 'caso Auditorio' se le suma la apertura de juicio oral contra otro expresidente, esta vez Ramón Luis Valcárcel, por prevaricación, fraude y malversación continuada en el 'caso la Sal'. La magistrada ha fijado además una fianza de más de 74 millones de euros o el embargo de los bienes de don Ramón Luis, basándose en una estimación del agujero en las cuentas públicas regionales. La desaladora de Escombreras es fruto de una trama entre Valcárcel y Florentino Pérez por la que el segundo se embolsó 600 millones de euros públicos murcianos. Está ya todo pagado, insisten los de López Miras. Amortizado. Del lado de Florentino se ve todo más fácil, supongo. Desde el de enfrente, el de los paganinis, lo vemos regular.