Vox y las dietas de Albarracín

En síntesis, Alpañez tiene compromiso con el programa de Vox. Y, conocedor de lo que se cuece en la Administración Pública, ha emprendido su cruzada particular contra toda clase de chiringuitos. Hace tiempo que en esta misma sección lo advertimos. El dinero que la Comunidad destina a la Croem cada año se acabará debatiendo en el hemiciclo regional.

La Ley de Participación Institucional, que así se llama el invento, era una aspiración de Albarracín desde que llegó a la presidencia de la patronal. Convertir a la Croem, que hasta entonces había sido una institución políticamente independiente, en una especie de consultoría del Gobierno regada con dinero público. Había, eso sí, en época de Tomás Zamora y Del Toro, unos convenios específicos, controlados por la Asamblea Regional, con el Info y diversas consejerías. Nadie me lo ha contado porque un servidor en aquellos tiempos era testigo de primera mano. Tanto Valcárcel como Garre, hoy diputado regional de Vox, se negaron a las pretensiones de Albarracín. El primero alegaba que no podía crear dintingos. Al segundo le escuché decir en más de una ocasión que era muy difícil compaginar «los niveles de pobreza que todavía existen en la Región con que los empresarios cobren dietas públicas». Y a ambos no les faltaba razón.

Pacto. Pero llegó el cambio a San Esteban y apareció Pedro Antonio Sánchez en la escena política. El 'otro Sánchez' debió pedirle al presidente empresarial que le apoyase en las elecciones porque todavía permanece fresco en la retina de muchos el vídeo del presidente de la patronal pidiendo el voto para PAS. Pocos meses después, cuando la Ley de Participación Institucional se aprobaba en la Asamblea, no por consenso sino por mayoría, el entonces diputado regional Óscar Urralburu se encargó de recordarle a ambos el referido episodio electoral en lo que algunos empresarios comentan todavía hoy en círculos cercanos a la Croem como el 'pacto de las lentejas'. Como quiera que la transparencia no parece ser la virtud más expuesta en la patronal murciana, le aseguran al enano infiltrado que la cantidad que la Comunidad Autónoma destina a las arcas de la organización empresarial supera los setecientos mil euros anuales, a la que habría que sumar las cuotas de afiliados (que, según el enano infiltrado, llegarían a superar el sesenta por ciento del presupuesto anual) junto a otros recursos y otras ayudas nacionales. Una auténtica pasta gansa. Y todo ello, claro está, suponiendo que aquellos convenios de antaño con el Info y consejerías no siguen en vigor.

Ficha. El caso es que Vox ha movido ficha esta semana. Alpañez ha registrado en la Asamblea una proposición de ley para reformar aquella concesión política de PAS a Albarracín. Argumenta que pretende «acabar con los beneficios económicos discriminatorios, con la supresión y/o reforma de varios artículos y apartados». El pepé se ha apresurado a decir que esa no es su propuesta, pero al final tendrá que tragar con lo pactado en su día entre ambas fuerzas políticas. En Vox te cuentan que Albarracín no puede pretender que la confederación empresarial esté integrada en la estructura de la Administración Pública. La impresión es que tratarán de que esas ayudas, dietas, subsidios, valimientos, llámalos como mejor te plazca, no se queden en Croem, UGT y CC OO, sino que en el futuro estén abiertos a otras entidades económicas, sociales, laborales o cívicas «tan legítimas como las que los están recibiendo ahora. Los mecanismos de control e impulso al Gobierno no los podemos pagar con dinero público», argumentan.

Distintos. En cualquier caso, por puntualizar, tampoco es muy justo meter en el mismo cesto a patronal y a sindicatos. Los segundos no tienen los recursos de los primeros. Y son esenciales en cuestiones tan importantes como la mediación laboral. Antonio Jiménez y Santiago Navarro, además, están en lo suyo. Y solo en lo suyo. No tienen aspiraciones políticas conocidas. Ni interfieren. Croem, argumentan en Vox, además tiene otras vías de ingresos en las que también hay participación de dinero público. Organiza eventos anuales con el Info, Auditorio o Puerto de Cartagena de patrocinadores, que al final le podrían reportar varios cientos de miles de euros, entre publicidad, patrocinios y venta de tiques. Y como dicen los voxeros, el que parte y reparte... que dé explicaciones transparentes.