Luz y taquígrafos

Las víctimas. Si no fuera porque esta tragedia ha segado la vida de trece personas humildes que vinieron a España a trabajar como jabatos y que disfrutaban de un rato de esparcimiento, esto quedaría en una simple anécdota de la chapuza nacional. Pero no. Es una tragedia con mayúsculas generada por unos presuntos delincuentes, sí, pero a la que ha contribuido la administración local por su clara desidia y responsabilidad 'in vigilando'. Es muy fuerte que salgan ahora diciendo que se van a personar como acusación particular, o popular, cuando es evidente que el Ayuntamiento irá como imputado. No hay otra.

Los culpables. Bien es cierto que cuando hay un delito el culpable es el delincuente, claro. Y si alguien ha troceado un local sin atenerse a legalidad y no ha cerrado cuando se lo ordenaron es el máximo responsable, pero cualquier alumno de primero de Derecho les dirá que al no haber cerrado a tiempo ese local de la muerte, el Ayuntamiento resulta responsable civil subsidiario y, ojo, las personas que han contribuido con su negligencia a esto, habrán incurrido en responsabilidades penales. Esto no es cosa de broma. Han muerto trece seres humanos. Y exigimos que se depuren responsabilidades. Me dice mi buen amigo Chema Gil, que de estos temas sabe un rato, que homicidio involuntario son hasta 4 años. El fiscal jefe apunta a 9. Y hay que multiplicar esa pena por trece víctimas. Porque son víctimas de un posible homicidio involuntario. Se han incumplido tantas normas, se han cruzado tantas líneas rojas, se ha actuado tan mal, que no es una obviedad decir que esas trece personas bien podrían estar vivas.

La rueda de prensa. En un país en que millones de ciudadanos llevamos años rogando al PP y al PSOE que lleguen a acuerdos para no seguir en manos de extremistas y ellos pasan de nosotros, resulta curioso ver cómo esos dos partidos, ¡ahora sí!, se ponen de acuerdo para salir en amor y compaña a acusar a los dueños de esos locales. Fue algo así como un intento de distraer la atención diciendo paridas que nos ofendieron a todos como que «cómo iban a saber que ese local seguía abierto» o «que un inspector fue a precintar una discoteca y no había nadie». Dicen que pudo ser telemáticamente. Los dos concejales a los que afecta el caso, Antonio Navarro Corchón (PP) y Andrés Guerrero (PSOE), deberían dimitir inmediatamente, y si no lo hacen, ser cesados por sus respectivos partidos. Al menos Ballesta ha apartado a los funcionarios implicados.

Responsables. En un asunto como éste, donde hay trece fallecidos y en el que el dueño de la Fonda declara que el de Teatre le dio una supuesta licencia y que ni sabía que su local debía de ser cerrado y, teniendo en cuenta que el fiscal apunta al tipo penal de homicidio involuntario, no se entiende que no se haya detenido a los responsables para deducir testimonio, realizar un careo y si es posible, evitar la posible destrucción de evidencias. Es posible que la Policía Nacional esté esperando a tener bien amarrado el caso y es evidente que están realizando un trabajo minucioso al respecto, pero la alarma social que causa tener que ver y escuchar ciertas cosas supera lo medianamente soportable. Ver a un abogado decir que «tenían licencia pero se quemó», argumento que no se le ocurre ni a un crío de Primaria, o que «habían pasado una inspección de Sanidad», son una falta de respeto a las víctimas y a la sociedad. Actúen con la máxima contundencia, ya.