La amenaza del miedo

Eso no se debe consentir y la Administración regional tiene que resolverlo, para evitar más episodios de amenazas y agresiones. El silencio es cómplice y se debe poner el foco, no en los menores que están en esos pisos de cumplimiento de medidas judiciales, sino en los recursos que se invierten para garantizar que quienes se dediquen a esta difícil labor puedan desempeñar su trabajo sin miedo. Estos educadores sociales no pueden ejercer su profesión con la sensación de estar amenazados, de sentirse solos ante el peligro inesperado, de no saber qué les sorprenderá en el afán de cada día.

La tragedia de Badajoz nos pone en alerta roja, para que se implanten con urgencia medidas en nuestra Comunidad, donde hay más de 1.200 educadores sociales, la gran mayoría en precariedad laboral, ante la gran responsabilidad de tener que cuidar a menores que se encuentran cumpliendo condena en centros o enpisos tras haber cometido un delito. La clave una vez más está en que se mejoren las condiciones laborales del sector y que se valore más esta profesión, que está muy mal pagada, con un salario de mil y pocos euros, donde el intrusismo está a la orden del día y la ratio de profesionales para atender chicos y chicas es muy baja.

Los poderes públicos deben poner los medios adecuados, para que los educadores sociales se sientan protegidos y mejor retribuidos. La urgencia se impone, no sea que lleguemos tarde y una nueva tragedia nos robe la vida.