Indultos polémicos

La polémica política para estrenar el año que comienza está servida. La actual concordia navideña apenas nos ha permitido comer el turrón, tan propio de las fiestas que hoy culminan, con el último destello de ilusión que, por lo menos, los Reyes Magos proporcionaron a los niños. Mañana mismo volverá al ambiente politizado que vivimos desde tiempo casi inmemorial un asunto que dará que hablar, estimulará las discrepancias y enardecerá de nuevo las divisiones que con frecuencia padecemos los españoles.

En el crispado ambiente político, que en los últimos meses se disfrazó tras la preocupación por la Covid-19, permanece larvado, pero despertará en cualquier momento con el probable indulto de los políticos presos, condenados por su participación en el intento frustrado de sedición de Cataluña, hace apenas dos años. El estamento judicial, empezando por el Tribunal Supremo y los fiscales, está en contra. Pero no son ellos quienes tienen que decidir: el indulto es una potestad del Gobierno.

Hasta ahora todo ha quedado reducido a presiones de los partidos independentistas que han tenido la facilidad de ejercer su influencia decisiva tanto en la investidura de la coalición que preside Pedro Sánchez como, más recientemente, en la aprobación de los presupuestos del Estado. Nadie duda que no lo hicieron en un gesto de generosidad para facilitar la gobernación. Este tipo de apoyos nunca son gratuitos y menos tratándose de líderes y partidos cuyo objetivo no es fortalecer el Estado, sino romperlo.

Las negociaciones previas fueron lentas y secretas. La creencia generalizada y nunca desmentida de manera clara es que, entre otras concesiones, está la promesa de que más pronto que tarde se decretará el indulto de los culpables de aquella iniciativa que tanto daño causó.

Los indultos de los condenados suelen ser infrecuentes y casi nunca con tan poco margen de tiempo cumpliendo la condena. Que el Gobierno intente acercarse a los partidos independentistas puede ser conveniente si se trata de buscar soluciones al conflicto y, en cualquier caso, justificable ante el hecho de tratarse de partidos legales cuando aceptan el ejercicio parlamentario, el respeto a la Constitución y la legislación que de ella emana. En este caso, se reclama el indulto de forma prematura y sin que los condenados hayan puesto nada de su parte para ganárselo, como reconocer el error y prometer que no volverían a hacerlo. El indulto en estas condiciones sería muy difícil de justificar. Y, si se concede, indignará a muchos ciudadanos que no entenderán nada.