El horizonte económico español

Si visualizamos el contexto económico actual, a vuelapluma observamos, entre otros, tres factores de considerable riesgo, que hacen peligrar el futuro de nuestro estado de bienestar, a saber:

1) La inflación, que alcanza niveles de hace más de 30 años y que ya nadie osa calificarla de coyuntural, está rompiendo las costuras, porque, entre otras cosas, castiga los ahorros, que pierden poder adquisitivo y arrastra al Euribor hacia arriba, lo cual desemboca en un encarecimiento de los préstamos a particulares y empresas.

Los analistas temen que la inflación se traslade a los salarios, desencadenando así una espiral de consecuencias muy perniciosas. Pero es que al situarse el nivel de inflación en España dos puntos y pico más que la media europea, nuestras empresas pierden competitividad, haciendo más difícil la colocación de nuestros productos en el mercado europeo.

2) Indexar la revalorización de las pensiones al IPC. Si ya, tal como estaban las cosas, la sostenibilidad de nuestro sistema de pensiones estaba cuestionada, asociar su revalorización a la variación del IPC es, cuando menos, muy arriesgado, comprometiendo su futuro.

Según información del Banco de España, la inflación media de este año se situará en el 6,5%. Aplicar ese porcentaje de subida a las pensiones, supondrá un coste adicional de entre 11 y 12 mil millones de euros. A ello, hay que sumarle el incremento del importe medio de las pensiones, consecuencia de la mayor pensión con que se retiran los nuevos jubilados. Finalmente, el aumento del número de pensionistas, sobre todo cuando dentro de poco comience a jubilarse la generación de los 'baby boomers'.

El déficit de la Seguridad Social no deja de ensancharse, pese a las cada vez más ingentes cantidades transferidas desde los Presupuestos Generales del Estado en concepto de 'Gastos Impropios', un concepto ambiguo, que el Gobierno interpreta de forma acomodaticia.

El factor de sostenibilidad habilitado por el ministro del ramo, consistente en aumentar el gravamen sobre las cotizaciones sociales, no nos parece el más indicado, primero porque la cantidad de recaudación prevista es a todas luces insuficiente y, segundo, porque supone un freno al crecimiento del empleo, crecimiento este que sería la verdadera solución, que haría viable nuestro sistema de pensiones.

3) La descomunal deuda pública de España, de casi 1,5 billones de euros, casi el 120% sobre nuestro PIB. El Banco Central Europeo ya ha anticipado que en julio dejará de comprar deuda soberana y, por consiguiente, el Tesoro no tendrá más remedio que acudir al mercado a subastar sus emisiones. Mucho nos tememos que, más pronto que tarde, volveremos a hablar de la famosa prima de riesgo, que tan popular se hizo poco después de adentrarnos en la crisis financiera de 2008.

Pero más gravoso será cuando empiece la tan esperada como temida subida de los tipos de interés por parte del BCE. La broma supondrá que, por cada décima de subida del tipo de interés, aumentará el coste de la partida para intereses en unos 1.400 millones de euros.

A todo ello hay que añadir que, muy probablemente para 2024, España tenga que volver a la disciplina fiscal europea. Esto significa que nuestras deuda y déficit no podrán superar el 60% y el 3%, respectivamente. ¿De dónde sacaremos el dinero? ¿Quizás otra fuerte subida de impuestos? ¿Tal vez con considerable recorte del gasto? Como integrantes del club europeo, parte de las soluciones deben llegarnos desde Bruselas. En ese sentido, Europa ha respondido con los Fondos de Nueva Generación, de los que poco se sabe, porque advertimos notable falta de transparencia. Pero otras soluciones deben venir de nuestro propio Gobierno. En momentos de incertidumbre y de nubarrones en el plano económico, como los que vivimos, lo primero que se necesita y es imprescindible es estabilidad política y seguridad jurídica. Y ambas no parecen gozar de buena salud, ya que las cada vez más frecuentes desavenencias entre los partidos de la coalición, por un lado, y el intervencionismo de los mercados (alquiler, energético, etc.), por otro, cuestionan aquellas. A todo esto, hay que sumarle la aplicación de una política fiscal eminentemente recaudatoria y escasamente incentivadora, con el fin de mantener e incrementar el generoso volumen de gasto, que necesita este Gobierno.

Es necesario encontrar el punto de equilibrio entre política fiscal y gasto eficiente, sin perder de vista la imperiosa necesidad de reducir nuestros abultados déficit y deuda, los elementos clave, que, junto a la alta inflación, hipotecan nuestro futuro.