¡Que no regalen a la Región de Murcia lo que le deben!

Creo que nunca ha existido verdadera voluntad de resolver la situación, y los habitantes de la Región no hemos sido capaces de revertir esta injusticia por la insuficiente e infravalorada representación política de nuestra comunidad autónoma en las Cortes Generales, que en parte decidimos nosotros en 1982 al aprobar nuestro Estatuto de Autonomía, y por la obligada supeditación, en muchas ocasiones, de los representantes políticos regionales a los intereses nacionales de los partidos a los que pertenecen.

Los pocos 'regalos' que hemos obtenido a lo largo de los años han tenido por objeto, en varias ocasiones, compensarnos por las concesiones que otras comunidades autónomas con más peso político, estructural o coyuntural, exigían al Estado para satisfacer sus propios intereses.

Hace unos días ha llegado, de forma velada, el último ofrecimiento.

Los independentistas catalanes de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) han conseguido, en las necesarias negociaciones para investir presidente del Gobierno de España al socialista Pedro Sánchez, una quita del veinte por ciento de su deuda con el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), unos quince mil millones de euros, y, por ello, el próximo Gobierno nacional se plantea ofrecernos lo mismo al resto de las comunidades autónomas, unos dos mil millones de euros en el caso de la Región de Murcia.

Me temo que con eso no tenemos ni para empezar.

Desde la época de la Transición, por no retrotraerme más, nunca se ha reconocido convenientemente el verdadero peso histórico, social y cultural de nuestra región en el marco nacional, y hemos sido sistemáticamente maltratados a la hora de dotarnos de las infraestructuras necesarias para desarrollarnos económica y empresarialmente en las mismas condiciones de transparencia y equidad que las demás comunidades autónomas del país.

Esa deficiente dotación de infraestructuras, en especial de transporte, hidráulicas, de formación del capital humano y de tratamiento de la información, constituyen un gran freno a su desarrollo estratégico, en un entorno internacional muy competitivo, al dificultar en gran medida su conectividad, la producción y distribución eficiente de los bienes y servicios autóctonos, y su inversión en ventajas competitivas regionales.

Además, sufrimos una inmerecida financiación autonómica desde el año 2009, de forma que, según un reciente estudio de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), la Región de Murcia ocupó en 2021 el último puesto en la cantidad recibida para sanidad, educación y servicios sociales, por habitante ajustado (2.691 euros), muy lejos de la mejor financiada, Cantabria (3.471 euros) y de la media nacional (2.963 euros).

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) también ha confirmado que la Región ha sido, en 2022, la comunidad autónoma peor financiada por segundo año consecutivo, recibiendo del Estado setecientos cincuenta euros menos de los necesarios para poder ofrecer con garantías unos servicios esenciales de calidad.

Esta infrafinanciación sistemática obliga a la Región de Murcia a hacer un esfuerzo financiero, cada vez mayor, que lastra el crecimiento y la inversión productiva e innovadora de la región por el pago de intereses, limita la calidad y los recursos de los servicios públicos que recibimos, nos convierte en españoles de última clase y embarga nuestro futuro. Además, ha incrementado de forma artificial la deuda pública de la comunidad autónoma hasta los doce mil millones de euros, más del treinta y dos por ciento del PIB regional, una de las más altas.

Los habitantes de la Región de Murcia, por coherencia y dignidad, tenemos la obligación de no aceptar una quita de esa deuda inferior a los nueve mil millones de euros y debemos exigir, con todas las fuerzas y medios a nuestro alcance, una negociación justa y coral del Sistema de Financiación Autonómica (SFA), y otra unilateral entre el Estado y el Gobierno de nuestra comunidad autónoma que reconozca oficialmente la deuda histórica y establezca una asignación anual de compensación por ese concepto.

Mientras no lo consigamos, seguiremos estando arbitraria e injustificablemente maltratados respecto de otros españoles con los mismos derechos y obligaciones que nosotros.