Gobernar con Vox

Ahora toca marcar distancias con Vox y negarse a gobernar con ellos. A la opinión pública trasciende que los dirigentes del PP se debaten entre claudicar al ultimátum de Vox –gobierno de coalición o comunismo– o perseverar en la ficción de un gobierno en solitario. En realidad, el debate del gobierno con Vox no deja de ser una impostura, porque, por ejemplo en Murcia, López Miras ya gobierna con Vox –con la fórmula y el prefijo que queramos: 'ex', 'trans', 'post'...–. Los límites ya se han cruzado, y ese tabú dejó hace tiempo de existir. El propio López Miras, interrogado por una periodista sobre lo que para él es Vox, respondió con una sencilla pero elocuente legitimación de la ultraderecha: «Un partido político». En efecto, un partido político que, ese mismo día, se encontró con la oposición unánime del Congreso de los Diputados –incluida la del PP– cuando quiso sacar adelante una propuesta para suspender la legalización de cualquier inmigrante bajo el argumento de que «tener DNI no significa ser español». Eso no es solo ser un «partido político», sino una organización supremacista que pretende destruir nuestro sistema democrático de convivencia. Pero, claro está, la ambición de poder todo lo soporta, y nadie le va a dar lecciones a López Miras sobre pactos.

En este contexto de resaca electoral –presidido por el éxito de taquilla 'Cariño, hemos agrandado a la ultraderecha'–, aparece la 'opción Óscar Puente'. El alcalde socialista de Valladolid propone la posibilidad de que su partido se abstenga en la investidura de Mañueco, para librar a Castilla y León de un gobierno vicepresidido por Vox. La idea es buena, aunque, a priori, suponga ir contra el tacticismo político. Es de suponer que, para Pedro Sánchez, resultará muy tentador que Casado y García Egea se cuezan a fuego lento en el jugo de su propia radicalización: un reparto de consejerías con Vox supondría para el PP un descrédito a escala europea que arruinaría su venta como partida de centro-derecha. Pero seamos claros: el auge de Vox debe ser entendido como un problema de Estado que, por lo tanto, requiere de soluciones que trasciendan el tacticismo político. Por más que sea el PP la formación que va a pagar políticamente su ejercicio de mimetismo con la ultraderecha, el crecimiento exponencial de Vox es un asunto que, tarde o temprano, dejará de ser político para convertirse en social. Quiere esto decir que o se proponen estrategias conjuntas y transversales para solucionarlo o, dentro de no mucho, ya será demasiado tarde.

Ahora bien, de lo que se trataría con la abstención del PSOE en Castilla y León no es de posibilitar el gobierno de una comunidad autónoma específica, sino de –como se ha venido insistiendo desde diferentes frentes durante esta última semana– crear un «cordón democrático» que impida la entrada de Vox en las instituciones. Como expuso Pedro Sánchez en la sesión de control al Gobierno del pasado miércoles, esto implicaría que Casado explicara las razones por las que no quiere formar gobierno con la ultraderecha y el reconocimiento de que la lista más votada es la que tiene que gobernar en cada región –incluidas Andalucía y Murcia–. Naturalmente, Casado y García Egea no están dispuestos a esto. Los actuales dirigentes del PP no quieren compartir gobierno con Vox –por pura estética–, pero tampoco quieren romper con él –por pura táctica–. Casado y García Egea no han llegado todavía a ese punto de responsabilidad democrática en el que consideren a Vox como un peligro real para nuestro sistema de convivencia. La pulsión de poder les puede más que el cuidado de la democracia. Mientras no comprendan que, en este momento, su principal enemigo no es Sánchez sino el proceso de radicalización de la derecha espoleado por Vox, cualquier paso que den convertirá a su partido en un instrumento para el engorde de la formación de Abascal.