La paradoja del 'rider'

El rider está ya asimilado como parte de nuestro paisaje urbano. Podemos entenderlo como un producto más de la desregulación y la deslocalización del empleo, entendidas como estrategias del contexto globalizado. Estos repartidores, a menudo (mal) clasificados como autónomos bajo la fórmula 'freelance', utilizan sus propios vehículos para entregar productos a través de plataformas como Glovo, UberEats o Deliveroo. Aunque esta forma de empleo ofrece aparente flexibilidad y capacidad de generar ingresos rápidos, también conlleva inseguridad y desprotección.

Uno de los aspectos clave de la relación laboral de repartidores con las plataformas ha sido la clasificación de estos trabajadores como falsos autónomos. Esto significa que no reciben las protecciones legales asociadas al trabajo asalariado, como Seguridad Social, baja por enfermedad o vacaciones pagadas. En consecuencia, los 'riders', a menudo personas jóvenes o migrantes, quedan atrapados en una relación laboral ambigua que los sitúa en una posición de vulnerabilidad frente a un mercado de trabajo incierto. Su función como intermediarios entre las empresas de plataformas y los consumidores finales, realizando tareas de baja cualificación y fácilmente sustituibles, acentúa aún más esa precariedad.

La noticia que nos ocupa es que Glovo finalmente 'ha decidido' contratar a sus repartidores, cumpliendo con la Ley 'Rider' aprobada en España en 2021. Esta legislación supuso un cambio significativo en el panorama laboral para este colectivo. De las distintas entrevistas que he hecho a lo largo de estos años, algunos repartidores anticipaban esta situación, y me decían (también algunos) que en ese caso la empresa no podría asumir los costes de contratar a toda su plantilla. Esta situación dejaría a muchos de ellos en un limbo laboral, ya que aquellos que no sean contratados, ¿seguirán trabajando en condiciones de precariedad, fuera del amparo de la ley? Se preguntaban, me pregunto.

Desde ese discurso, algunos repartidores defendían su condición de falsos autónomos, al considerarlo un trabajo temporal, una forma de obtener ingresos rápidos. Una estrategia que responde a la lógica individualista que impregna esta economía de plataformas: defendían su flexibilidad y autonomías (ficticias), la posibilidad de ajustar sus horarios y dedicación en función de sus necesidades personales (a pesar de su evidente subordinación). Así, algunas personas veían en la Ley 'Rider' una amenaza a su capacidad de gestionar su propio tiempo y maximizar sus ingresos. La paradoja aquí queda clara: una legislación que busca proteger a estos trabajadores es, en algunos casos, percibida por ellos mismos como una restricción a su autonomía.

Además, en nuestra investigación, algunos repartidores se mostraban escépticos sobre si la transición a un modelo de trabajo asalariado realmente mejoraría sus condiciones de vida. En lugar de una mejora automática, la regularización de su situación laboral implicaría, para algunos, la reducción de ingresos y una mayor rigidez en sus horarios. Esta visión más crítica del proceso refleja una división dentro del propio colectivo: mientras algunos celebran la llegada de un contrato y la estabilidad asociada, otros lamentan la pérdida de lo que consideraban su capacidad de negociar y gestionar su trabajo en sus propios términos.

¿Y ahora qué? La decisión de Glovo supone un cambio importante en el panorama laboral de la economía de plataformas en España. Sin embargo, deja preguntas abiertas sobre el futuro del trabajo en este sector. ¿Cómo afectará este cambio a la relación entre trabajadores y empresas? ¿Será posible para Glovo mantener su modelo de negocio si se ve obligada a cumplir con las mismas obligaciones que cualquier otra empresa tradicional? ¿Qué pasará con aquellos 'riders' que queden fuera de la contratación?

En última instancia, lo que queda claro es que el trabajo en plataformas, aunque flexible (según cuál) y atractivo en ciertos aspectos, sigue planteando grandes desafíos en términos de protección y seguridad laboral. La decisión de Glovo de cumplir (al menos en parte) con la Ley 'Rider' es un avance hacia una mayor justicia para estos trabajadores, pero es también un recordatorio de las tensiones inherentes a este tipo de empleos en la economía contemporánea.