Los fondos Covid-19 para las universidades

«Las Universidades sin distinción, públicas y privadas, realizan un servicio público de educación superior que ha de prestarse siempre al servicio de la sociedad» (Sentencia del Tribunal Constitucional. BOE Nº 151, martes 25 de junio de 2019. Pág. 67664). La pertenencia al Sistema Universitario Español de las universidades privadas, así como la regulación de sus títulos, ofrece garantía a la sociedad de que el servicio educativo ofrecido por ellas cumple los requisitos legales necesarios para ofrecer y otorgar un título universitario –firmado por el mismo Rey– con exactamente las mismas obligaciones o derechos, con independencia de si el título se ha obtenido en una universidad privada o pública. Si los títulos universitarios tuvieran diferente valor, podríamos hablar de un servicio público de educación superior y otro privado e, incluso, de mayor o menor valor, aunque este no sea el caso. Porque una cosa es el servicio público y otra quien lo preste.

Hay quien intenta asaltar ese marco igualitario estableciendo discriminaciones en función de la titularidad del centro, público o privado. Algo que hizo el Gobierno de Valencia a la hora de conceder las plazas de prácticas de Medicina en los hospitales públicos. Mientras la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Supremo tuvo que enmendar la plana, sentenciando el derecho de la Universidad Católica de Valencia a «no ser discriminada ni excluida» por el hecho de ser privada. O el de Aragón, sentenciando la Audiencia Nacional que no se le podía prohibir implantar nuevos títulos con el argumento de que sería una duplicidad al ofrecerlos ya la pública. Este mismo argumento hay quienes lo defienden también aquí en Murcia, asegurando que no sería bueno y además vulneraría un derecho, cuando en realidad refleja solo una postura interesada, tan ilegal (Tribunal Constitucional) como dañina (informe al respecto de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia).

El pasado 16 de junio, el Gobierno de España aprobó el Real Decreto Ley 22/2020 «por el que se regula la creación del Fondo Covid-19 y se establecen las reglas relativas a su distribución y libramiento». Y hete aquí, que la consejería de Empleo, Investigación y Universidades del Gobierno de la Región que preside López Miras ha decidido entregar los 11.500.000 € que le transfiere el Estado para esa finalidad exclusivamente a la Universidad de Murcia y la Universidad Politécnica de Cartagena, excluyendo –donde el Gobierno de España no lo hace– a los demás centros de enseñanza superior de la Región: la Fundación Universitaria San Antonio de Murcia y los Centros de Formación Profesional Superior.

En el Real Decreto-ley 22/2020 que regula el fondo Covid-19 se indica en la página 4: «Las transferencias realizadas con cargo a esta dotación no tendrán carácter condicionado por lo que será responsabilidad de las comunidades autónomas y ciudades con estatuto de autonomía destinar estos recursos a la finalidad para la que han sido concedidos». Esto es, el Gobierno de la nación no está condicionando las acciones de las comunidades autónomas en la distribución de esos fondos, puesto que ello implicaría arrogarse el Gobierno de la nación de competencias exclusivas de cada comunidad autónoma en lo relativo a prestación de servicios públicos transferidos; por tanto, en este caso es el Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia el que tiene la responsabilidad en la distribución de esos fondos, y no podría derivar su responsabilidad a entidades gubernamentales con otras competencias. Si un gobierno del PP y Ciudadanos, con el apoyo de Vox, está tomando esta decisión, está diciendo ya lo que piensan sobre la UCAM, ¿o no? «Por sus hechos los conoceréis...».

A todo lo argumentado, habría que añadir el enorme ahorro que supone para el gasto público la gran inversión privada de las familias en las matrículas que se liberan de las universidades públicas de la Región. En total, 20.000 plazas que son financiadas por familias que no dejan de pagar sus impuestos para el mantenimiento de las dos universidades públicas. ¿Será verdad aquello de que la envidia es un signo de admiración mal interpretado?

Señores dirigentes del PP, Cs y Vox, el mundo no lo va a cambiar el virus sino las personas (sobre todo porque –como todos sabemos– los virus no están vivos ni saben por qué ni para qué existen). Presidente López Miras, tiene usted una nueva oportunidad para hacer las cosas como Dios manda, que tal y como afirma la profesora Estrella Montolío hace referencia a cuatro esferas semánticas: ámbito de la obligación, esfera del respeto a las normas, ámbito de lo bueno o excelente y ámbito de lo correcto. Usted decide, ¿o no? Le esperamos andando.