Falta de coraje político

La derecha golpea feliz por el regalo político que el Ministerio de Igualdad le hace al permitirle escandalizarse sobre el peligro de una ideología radical que deja en la calle a los que han cometido agresiones brutales contra mujeres o niñas.

La izquierda moderada golpea molesta por la aparente incompetencia técnico-jurídica de la versión institucional de Podemos, al no prever este alivio de penas en cadena que tanto daño reputacional le hace al Gobierno, por razones obvias, y a sus perspectivas en un año electoral.

La mayoría de los jueces golpean circunspectos al aplicar la nueva ley basándose en el principio de que al condenado por una norma anterior le debe ser aplicado todo aquello que le beneficie en una nueva norma. Lo que no excluye que alguno lo haya hecho con cierto regusto ideológico. Los jueces comentaristas, normalmente retirados, dicen que se debía haber evitado la corrección mecánica de las penas al atender a las disposiciones transitorias genéricas del código penal, en las que, al parecer, había confiado el Ministerio de Igualdad con ingenuidad.

Qué duda cabe que aquí todo el mundo busca explotar la situación para hincarle un rejón a la ministra Montero. Me parece que es una política seducida por el cambio en su versión alucinadora de salto al vacío. Llena de buenas intenciones, esas que pavimentan los infiernos, es una política que cree que con la sola voluntad basta. Pero, esa buena voluntad también da sus frutos al mover avisperos sociales tan estremecedores como la violencia contra la mujer, una lacra insufrible con origen en el machismo universal que no termina de ser domado; o la transexualidad, otra fuente de marginalidad que esperaba el momento de exigir y lograr el respeto que merece cualquier ser humano, sea cual sea el destino que su cuerpo propicie. Por eso, no deja de ser un enigma insondable que precisamente este Ministerio sea acusado de ofensa a las víctimas de la violencia sexual. Creo que, deslumbrados todos por la fuerza de la imagen de violadores saliendo de la cárcel, se ha dejado de mirar las manos del prestidigitador generando perplejidades en los espectadores.

Perplejidad 1) ¿Por qué no se ha prestado apenas atención a que esta ley, fundamentalmente, está dedicada a la prevención de los delitos sexuales y al cuidado de la víctima dentro de una especie de túnel protector desde la denuncia a la reparación del daño, pasando por todo el proceso policial y judicial?

Perplejidad 2) ¿Por qué causa tanto escándalo la reducción de penas (casi 200 actualmente) o excarcelaciones (18) de condenados si, una vez aprobada la ley, todos los delitos aún no cometidos tendrán el mismo 'premio' de la reducción de penas respecto a la norma anterior?

Es decir, no se suele mencionar el propósito fundamental de la ley, ni que la reducción de penas es consecuencia de la equiparación del antiguo delito de «abuso» al actual de agresión y, sobre todo, a la coherencia con el principio no punitivo de la izquierda —que cree en la reinserción y no quería que la ley pareciera una rencorosa venganza contra los varones–.

Siendo esto así, ¿por qué la ministra y sus colaboradoras se han asustado y en vez de explicar sus propósitos y tratar de convencernos del carácter «magnífico» de esta ley destinada a «acabar con el machismo» aunque fuera a costa de un inevitable ajuste de penas y han pretendido confundirnos acusando de machistas irresponsables a todos los jueces? Por falta de coraje político.