El error de limitar el libre mercado

Todo empieza con el suelo. Con el plan urbanístico. Donde se vende a precio de mercado (dependiendo de la conjunción de oferta y demanda). Alguien arriesga con la compra del suelo, pues no obtendrá ni un céntimo hasta que consiga vender todas las viviendas... Después de comprar el suelo, vienen muchos más gastos (impuestos, cesiones de suelo al ayuntamiento, arquitecto, licencia de obra, constructora, hipoteca...). Y mucho tiempo (una media de más de dos años) hasta que el riesgo se convierta en posible beneficio... Sigue asumiendo riesgo quien compra, pues vuelve a pagar impuestos, asumir hipoteca, terminar la vivienda...

Todo esto ha generado (y generará en adelante) muchos ingresos para las arcas públicas (ayuntamientos, Agencia Tributaria, Comunidad Autónoma, Seguridad Social...), mucho empleo, y ha 'regalado' un suelo al ayuntamiento. Todo, en base al riesgo que han asumido unos cuantos... Todos son conscientes del riesgo que corren. Muchas veces, de forma lícita, lo corren con expectativa de un posible beneficio (perfectamente podrían haber llevado una vida mejor en vez de esforzarse en una compra). Por tanto, la vivienda es un producto caro (suelo + construcción + impuestos + ...), que se sustenta en el riesgo que algunos corren.

Los ayuntamientos han recibido ya un suelo 'gratis' al principio del proceso (de un 10% a un 15% del aprovechamiento), que podrían arriesgar construyendo viviendas... ¿A quién le corresponde hacer la labor social? ¿Al particular (o empresa) que ha arriesgado, o a la Administración? La venta (o alquiler) de viviendas (tanto nuevas como usadas) se basa en el libre mercado (la conjunción de la oferta y la demanda), pero partiendo de un producto caro... Por tanto, para de que baje el precio de algo, se necesita un aumento importante de la oferta, o una disminución de la demanda. Si partimos de que es a la Administración a quien corresponden las políticas sociales, ahí tiene varias opciones:

1. Aumentar la oferta de viviendas en alquiler, utilizando el suelo que se le ha 'regalado', para construir viviendas en alquiler propiedad de la Administración. Siendo la propietaria, podrá poner las normas que crea conveniente. El problema es que, aunque no tenga que pagar el suelo, la construcción (incluso a precio de coste) también sale cara. La vivienda es un producto caro.

2. Políticas de fomento de inversión en vivienda para alquilar, para que sea el riesgo y esfuerzo de los particulares y sector privado el que aumenten dicho parque. Para ello, es fundamental:

–Seguridad jurídica para el propietario que saque viviendas al mercado de alquiler, entendiendo por 'propietario' no solo a grandes capitales, que son la minoría. La mayor parte de viviendas en alquiler son propiedad de particulares que arriesgan y empeoran su nivel de vida (al menos durante unos años), metiendo sus ahorros en la compra de viviendas para alquilar. Como es lógico, con expectativa de una futura mejora... La falta de seguridad jurídica ahuyenta al pequeño inversor, que no tiene capacidad financiera para aguantar un posible problema.

–Medidas fiscales de fomento para la contención de precios. Fomento, no ruptura del libre mercado. Si se pretende intervenir precios (como ya se probó, por ejemplo, en París o Berlín), ya tenemos comprobado que se consigue el efecto contrario (las viviendas salen del mercado de alquiler, para ir al de venta). Aquí la Administración está haciendo una inversión económica (dejar de ingresar impuestos, en vez de presupuestar partidas expresas), para conseguir contener precios. Al propietario, aunque pierda rentas, le puede llegar a salir a cuenta, siempre y cuando tenga la anterior seguridad jurídica.

3. Aunque parezca mentira, fomentar la compra de vivienda. De esta forma, se reduce la demanda de alquiler...

En resumen: como europeos, estamos en un sistema de libre mercado, donde éste es la conjunción de oferta y demanda. Al ser la vivienda un producto caro que genera mucho empleo, entendemos que las medidas que tome la Administración (que es a quien corresponde ayudar) deben ser más de incentivar que de intervenir. La intervención que sí podría hacer sería aumentar la oferta, creando bolsa pública de vivienda en alquiler. Pero cualquier medida debe ir acompañada de una seguridad jurídica, de la que ahora carecemos.