Legalidad a conveniencia

La reciente resolución del Tribunal Supremo, que da hasta este martes al Gobierno para hacerse cargo de los 1.221 menores inmigrantes solicitantes de asilo ... hacinados en Canarias, ha añadido presión al Ejecutivo de pedro Sánchez para que asuma las riendas de la preocupante situación de todos esos niños y adolescentes. Un colectivo específico junto al resto para los que se está diseñando un reparto, fruto del acuerdo del Gobierno con Junts, a las comunidades ya bajo saturación de los recursos disponibles. Así que los distintos ministerios concernidos no pueden desentenderse de una problemática apuntada, en un caso por el Supremo, y sufrida, en el otro, por una autonomía –la canaria– y con proyección sobre las demás. Pero las necesidades políticas no deberían condicionar tanto la acción gubernamental como para forzar las cuadernas de sus posicionamientos de índole jurídico. Un manejo a conveniencia de las previsiones legales que se viene repitiendo en especial esta legislatura y que ayer se tradujo en la anomalía de ver cómo La Moncloa enmendaba la decisión de la Abogacía del Estado de recurrir, armada de argumentos jurídicos –como no puede ser de otro modo–, la decisión del Supremo.