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La arribada imparable de menores no acompañados hacia Canarias y Ceuta continúa dejando en la España autonómica un rastro de desconfianza política y deslealtad institucional ... que afectan también a la convivencia entre los ciudadanos. La tardanza en la búsqueda de una acogida efectiva del grupo de niños y adolecentes pendiente de una distribución territorial solidaria no es solo reflejo de la renuencia de unas u otras comunidades a un reparto ineludible. Revela también la inclinación del Gobierno de progreso a mantener la cuestión pendiente en una estrategia de desgaste mutuo entre el Ejecutivo Sánchez y la oposición. Y ello a partir del dislate que supone negociar con un partido que se encuentra fuera del Gobierno de la Generalitat –Junts– un decreto con cambios en la legislación de extranjería que cedan competencias a la comunidad catalana y determinen la situación en el conjunto del país. Decreto que será votado el próximo 10 de abril en el Congreso y que está sujeto a recursos ante el Tribunal Constitucional. Ayer, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, informó de que, a diferencia de las demás comunidades autónomas, Aragón no había ofrecido dato alguno sobre los jóvenes no acompañados acogidos allí y sobre su disponibilidad para recibir más, y de que Madrid había aportado tan solo una cifra general.
Con esto sugería que otros gobiernos autonómicos tampoco han completado el cuadro de detalles requerido sobre los menores migrantes acogidos en la actualidad y las plazas con las que cuenta el sistema. Rego no dudó en atribuir esa insuficiencia a supuestas motivaciones «ideológicas» y «racistas» que «avalarían las posiciones ultras de Vox, que parece que sigue gobernando en algunos territorios». Un parecer que la ministra debió reservarse para cualquier otro momento, distinto al de la gestión de una mínima sintonía que alivie la situación de todos aquellos que, con acierto, el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, ha descrito como gentes «en tierra de nadie». El Gobierno de Sánchez en su conjunto tiene que dejar de entretenerse con la denuncia de la falta de determinados datos y afrontar los que ya obran en su mano, que ofrecen un diagnóstico inapelable. El sistema de acogida de menores migrantes no acompañados desarrollado por las autonomías se encuentra saturado. Son necesarias más plazas, más profesionales y mejores instalaciones para una atención que nunca conviene improvisar.
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