Discapacidad y esterilización

La esterilización forzada es aquella que se produce sin el consentimiento de la persona que la sufre y sin justificación médica. Suele tener bien una intención eugenésica (para 'mejorar' la especie) bien una intención anticonceptiva forzosa.

Asistimos, al fin, a la erradicación en España de la esterilización forzada o no consentida de las personas con discapacidad. La Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad fue aprobada en 2006. España la ratificó y entró en vigor hace 12 años. En esa Convención se reconocían los derechos de las personas con discapacidad para casarse, para formar una familia, para decidir el número de hijos que deseaban tener, para disfrutar de educación sexual, para tener los medios necesarios y para mantener su fertilidad si así lo deseaban. Asimismo, en 2014, España subscribió el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (Convenio de Estambul) cuyo artículo 39 prohíbe las esterilizaciones forzadas.

Sin embargo, y de manera contradictoria, hasta este 16 de diciembre de 2020, el artículo 156 de nuestro Código Penal indicaba que «no será punible la esterilización acordada por órgano judicial en el caso de personas que de forma permanente no puedan prestar en modo alguno el consentimiento». Estas prácticas de esterilización forzada estaban siendo sufridas principalmente por mujeres y niñas. Y eran una práctica muy extendida en la que los datos disponibles no dejan lugar a dudas. Según el Consejo General del Poder Judicial, solo en los últimos diez años, en España se ha esterilizado a más de mil personas con discapacidad, con un porcentaje significativamente mayoritario de mujeres.

La Ley que entró en vigor el 17 de diciembre pasado pretende que las personas con discapacidad tengan a su disposición toda la información necesaria, que sea comprensible para ellas, que se les brinde educación y apoyos tanto humanos y materiales como tecnológicos con el fin de que puedan adoptar decisiones libres y se garanticen sus derechos a la salud sexual y reproductiva. La ley es bienvenida. Aplicarla va a requerir la colaboración, primero, de las familias, de los colectivos y de la administración, además de una partida financiera importante, ya que la realidad va a exigir atención a la situación y circunstancias de cada persona para evitar situaciones adversas y que las personas con discapacidad elijan en libertad y vivan en pie de igualdad.