Devaluar la universidad

Sospecho, tampoco quiero arriesgarme más, que esa variedad es lo que explica que nuestros niños y adultos aparezcan entre los peor formados de Europa y que entre las 500 mejores universidades del mundo apenas haya españolas. En medio de esta dispersión sobresale un ministro en la sombra, el señor Castells, que ocupa su poltrona en el Consejo, se mueve en coche oficial y apenas brilla por su ausencia.

Como según los rumores políticos, que a veces hasta aciertan, ya le queda poco tiempo en el cargo y parece que quiere aprovecharlo con una ley –no es normal que un ministro se vaya al paro sin dejar su ley para el olvido– que, como era de imaginar, se anticipa entre tendenciosa políticamente y además técnicamente polémica. Muchos rectores no ocultan sus discrepancias.

El señor Castells por lo que se concluye del proyecto aprobado por el Consejo de Ministros intenta arrimar el contenido a sus ideales y compensar a los que le han encumbrado al cargo con unas normas y disposiciones que les benefician políticamente y, de rebote, condenan a los futuros profesionales a cargar para el futuro con un lastre ideológico del que una democracia seria debería preservarles. Hay muchas frases conflictivas en el proyecto que es de esperar el Congreso cambie.

La 'rumorologia', que en estos comienzos de temporada siempre está desatada, aseguraba que uno de los puntos más delicados era eliminar al Rey de la firma de los títulos de licenciados, doctores o graduados. Esto no se ha confirmado y esperemos que no se confirme: un título firmado por su Majestad cobra mayor significación y siempre tendrá más valor. Es algo que honra a quienes lo poseemos.

No es la imagen de institución histórica que es la universidad lo que se conseguirá recuperar con esta ley. Ni siquiera reconoce la importancia de los catedráticos a quienes priva de la exclusiva de acceder al Rectorado. Por el contrario, si es positivo que incluya medidas para acabar con la interinidad crónica del profesorado.