Desmemoria antidemocrática

Atendiendo al tenor literal de la norma, la misma persigue resarcir a todos aquellos que «padecieron persecución o violencia por razones ideológicas, de pensamiento u opinión, desde el golpe de Estado de 1936 hasta la promulgación de la Constitución en 1978». Parte por tanto del presupuesto falaz de entender la II República como un remanso democrático de paz y bienestar solo interrumpido por la sublevación militar de 1936. Y nada más lejos de la realidad. La II República, sobre todo a partir de la revolución asturiana de 1934, fue el polvorín que provocó la detonación final. En un escenario de acusada inestabilidad política, a los enfrentamientos entre compatriotas por razones económicas, ideológicas y religiosas se unieron marcadas desigualdades sociales que sazonaron el caldo de cultivo del enfrentamiento fratricida. La pugna partidista por el gobierno trascendió los límites democráticos, siendo muchos los desórdenes, desmanes y tropelías de unos y otros. Muertos de todo signo se acumularon en ambas cunetas, tiñendo el suelo español de lágrimas y sangre. Tanto fue así que el pronunciamiento de 1936 no hizo sino oficializar el principio de una guerra que las hostilidades anteriores presagiaban como inevitable.

Pero en lugar de repartir culpas y responsabilidades, la ley en cuestión llega al absurdo de condenar a unos y eximir a otros, sin distingos ni medias tintas, obviando interesadamente que en las 'dos Españas' habitaron ángeles y demonios. Para muestra, un botón: se estigmatiza a un bando por contar con el apoyo de unidades regulares de las fuerzas armadas de Italia y Alemania, al tiempo que se reconoce la concurrencia de circunstancias excepcionales para la concesión de la nacionalidad española a los voluntarios integrantes de las brigadas internacionales que colaboraron con el otro. En román paladino: se censura el auxilio fascista y se elogia la cooperación comunista, como si uno y otra no fueran el mismo perro con distinto collar.

Pero siendo grave que se realice una interpretación sesgada de la guerra civil con fines espurios, más aún lo es que el poder ejecutivo pretenda imponernos un relato falso de nuestra más reciente historia para afianzar sus indecorosas alianzas. Sin otro móvil que contentar a sus socios, el Gobierno de Sánchez ha admitido la enmienda de los independentistas vascos encaminada a extender el marco temporal previsto en la ley para condenar las «violaciones de derechos humanos» a 1983. Con ello, se pliega a la exigencia de Bildu de considerar a los integrantes de ETA como «víctimas indemnizables», toda vez que lucharon por «la consolidación de la democracia, los derechos fundamentales y los valores democráticos». Y esto es intolerable.

Como testigos presenciales de la barbarie etarra, tenemos el deber moral de no callar y reivindicar la verdad, salvaguardando la memoria de los más de ochocientos inocentes que perdieron la vida en manos de cobardes encapuchados. Porque si alguien ha intentado –por lo civil y por lo criminal– atentar contra la democracia y la pacífica convivencia entre españoles, han sido los asesinos de ETA. Sostener lo contrario, tratar de blanquear el siniestro pasado de los terroristas, es obsceno y deshonesto. Contrariamente a su propósito, la ley no restaña heridas, las reabre, infectándolas de mentira y falsedad. Su texto, dictado impúdicamente por los herederos del terror, traiciona vergonzosamente el sufrimiento que tantas familias padecieron bajo el yugo de sanguinarios pistoleros.

Señorías, no se arrastren por el fango de la indignidad. Utilicen nuestra confianza para poner las cosas en su sitio y frenar este despropósito. Confundir a los miserables terroristas con los inocentes mártires de la democracia, además de injusto, es desmemoriado y profundamente antidemocrático.