Desmedicalizar el malestar emocional

La medicalización del sufrimiento aminora la responsabilidad del Gobierno y contribuye a empeorar la catástrofe social que estamos viviendo. La Administración cuenta con poderosos aliados como son ciertos estamentos corporativos profesionales, las empresas farmacéuticas o el poder industrial y económico. Porque todos ganan con una población infantilizada que se haga dependiente de expertos; con personas desactivadas políticamente, (auto)culpabilizadas por débiles y estigmatizadas, debido a su incapacidad para la adaptación, por una sociedad individualística creyente en el mito, mil veces refutado, del esfuerzo y el mérito. Los poderosos ganan con miles de personas adecuadamente controladas a través de la culpa, enganchadas masivamente al juego y otras drogas, legales e ilegales, con capacidad para cronificar la sintomatología, generar dependencia y modular los impulsos emancipadores colectivos mientras se mantiene la productividad laboral.

Qué ocurriría si desde la Administración y los expertos se lanzara el poderoso mensaje empoderizador de que el malestar emocional está socialmente determinado y tiene, por tanto, soluciones fundamentalmente políticas de las que hay que dar cuenta; si se transmitiera que el sufrimiento y la frustración es una parte importante de la vida y que los recursos familiares, sociales y comunitarios informales suelen tener mejores resultados en el medio plazo que los especializados y farmacológicos; si se comunicara que las enfermedades mentales no son entidades biológicas con una causa orgánica y que en nada se parecen a otras patologías como la diabetes o el infarto que siempre se benefician de una intervención experta; si se dijera que los diagnósticos psiquiátricos son consensos de expertos, no entidades objetivas, que progresivamente han ido ampliando sus criterios categoriales, debido a intereses de todo tipo, con la consecuencia trágica de que, aparentemente, cada vez hay menos personas sanas mentalmente.

El sufrimiento emocional tiene fundamentalmente causas sociales, no individuales. Se generan falsas esperanzas cuando se transmite la idea de que serán los medicamentos, y no la lucha feminista, los que ayudarán a los miles de mujeres adictas a los ansiolíticos mientras asumen trabajos menos remunerados fuera de casa y asimétricos dentro. Las personas somos constitutiva y emocionalmente resilientes. Hay que decir con claridad que la demanda generalizada de asistencia profesional para atender, por ejemplo, a las víctimas del volcán de La Palma es potencialmente dañina y carece de base científica. La intervención psicológica genera daño cuando es innecesaria al retraumatizar a los afectados cuando se les hace tomar conciencia del estrés que se está experimentado y se les genera una expectativa de potenciales síntomas secundarios; cuando se escarba en sentimientos que pueden aumentar el malestar y dificultar el normal procesamiento emocional, necesitado de un 'timing' basado, con frecuencia, en el distanciamiento y el olvido.

Los profesionales sanitarios tenemos que dejar de ser 'colaboracionistas'. Tenemos la obligación ética de, en la consulta, ser parte activa de un movimiento de emancipación ciudadana mediante estrategias de acompañamiento no intervencionista, siempre que se pueda, controlando nuestra simplificadora pulsión asistencialista. Ante un problema emocional que demanda ayuda profesional hemos de preguntarnos si considerarlo una enfermedad va a ocasionar más beneficios que perjuicios. Si honestamente consideramos que la medicalización conlleva mayores riesgos, hay que desvincular el problema y su solución del ámbito sanitario; intentar que la problemática que cuenta la persona se circunscriba a su ámbito cotidiano saludable; legitimar y normalizar la carga emocional y su utilidad. Se trata de trasformar el rol de enfermo pasivo por el de una persona con problemas, pero con capacidad y recursos, personales y comunitarios, para enfrentarlos.

Hay que mejorar la atención a los síntomas mentales graves, pero con más intervenciones grupales y sociales, con menos medicamentos y más cuidados y apoyo. Los profesionales, fuera de la consulta, hemos de asumir nuestro rol de abogacía social y denunciar que las causas últimas del malestar emocional son políticas y no médicas. Resignificar el sufrimiento devuelve a la sociedad su capacidad para cambiarla y eso, para muchos, es peligroso.