Descalificación apresurada

El triste espectáculo protagonizado en el debate de investidura, con muchos de nuestros representantes actuando de forma histriónica y con continuas alusiones a episodios de una historia reciente que se suponía superada -como ETA o el franquismo-, parecería responder al intento de instalar un nuevo frentismo en la política española que no se corresponde con la realidad expresada por los españoles, que desean que sus políticos se dediquen a solucionar los problemas y no a convertirse ellos mismos en un problema endémico.

Después de las últimas elecciones, los ciudadanos diseñaron un mapa político fuertemente fragmentado -con 19 fuerzas presentes en el Congreso de los Diputados- que únicamente parecía tener como salida un gobierno del PSOE apoyado o en coalición con otros partidos. El socialista Pedro Sánchez fue propuesto por el Rey como candidato a la Presidencia del Gobierno conociéndose el pacto alcanzado con Unidas Podemos para la formación de un Gobierno de coalición que acabara con una situación de bloqueo excesivamente prolongada. Los partidos de derechas, al negarse a prestar contribución alguna a la gobernabilidad de España, han llevado a los socialistas a buscar la abstención de ERC, otra fuerza a la que, en palabras de su portavoz, «la gobernabilidad de España le importa un comino». Entre tantos a los que la gobernabilidad no parece importarles, es previsible que el desbloqueo que supone la elección de Sánchez como presidente sirva para afrontar los retos que España no ha podido acometer desde hace cuatro años. Para ello, es imprescindible desarmar la estéril lógica de los bloques, no instalarse en la descalificación permanente del adversario y comenzar a caminar en la búsqueda de acuerdos amplios en los grandes asuntos de Estado (educación, transición ecológica, Mar Menor, pensiones, agua, problema catalán, financiación autonómica, etc.).

Aunque prejuzgar tiene que ver con la intolerancia, el Gobierno de coalición, todavía sin constituir, ha sido recibido con descalificaciones por las fuerzas políticas que gobiernan en la Comunidad Autónoma de Murcia, y, sobre todo, con enorme desconfianza. Es difícil predecir con verosimilitud cómo puede repercutir el mismo en la solución de los problemas de los murcianos, aunque, si nos atenemos a los compromisos que se derivan del pacto firmado por el PSOE y UP o del discurso de investidura de Sánchez, debería tener repercusiones positivas.

Según sus palabras, el nuevo Gobierno se propone «combatir la precariedad del mercado laboral y garantizar trabajo digno, estable y de calidad». Teniendo en cuenta que más del 80% de los murcianos menores de 30 años viven con sus padres debido al empeoramiento de su situación laboral, que dificulta el acceso a una vivienda e incluso retrasa la maternidad, sería beneficioso para los jóvenes y el resto de la población poder alcanzar un trabajo estable y de calidad que permitiera un salario digno, una aspiración que en nuestra Región hasta ahora no se ha logrado, al tener el segundo salario medio más bajo de España (224 euros mensuales menos que la media nacional) y una de las tasas de riesgo de pobreza más altas (28,6% de la población, lo que supone 5,1 puntos superior a la media nacional).

Por otro lado, en la Región de Murcia aproximadamente el 98% de las empresas tiene menos de 20 empleados, es una de las regiones en las que más ha aumentado el número de autónomos y, además, el PIB per cápita es el que menos ha crecido de todas las comunidades autónomas entre 2017 y 2018, de modo que podría verse beneficiada por el acuerdo PSOE-UP de «fortalecer a las pequeñas y medianas empresas y a los/as autónomos/as e impulsar la reindustrialización y el sector primario».

Asimismo, dado que la Comunidad de Murcia está infrafinanciada por el actual sistema, suponiendo un mayor déficit y deuda pública, parece que podría ser favorecida si, tal como especifica el acuerdo PSOE-UP, se fortalece «el Estado de las autonomías para asegurar la prestación adecuada de los derechos y servicios de su competencia» y se garantiza «la igualdad entre todos los españoles».

Del mismo modo, puesto que Murcia es la segunda comunidad con la tasa de abandono escolar temprano más alta de España, es una de las comunidades con servicios sanitarios deficientes, según el XV Informe de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, y suspende en la atención a las personas dependientes, según el XIX Dictamen de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, debería ser beneficioso para los murcianos que se protegieran «los servicios públicos, especialmente la educación [...], la sanidad pública y la atención a la dependencia», tal como puntualiza el acuerdo PSOE-UP.

El nuevo Gobierno, entre otras medidas, también pretende «controlar la extensión de las casas de apuestas» y, dado que Murcia cuenta con la mayor tasa de dichos establecimientos de España y Europa, tampoco sería una desgracia que se combatiera la ludopatía, que no solo es un problema psicológico para muchos murcianos, sino también un grave problema familiar y social. Por tanto, habría que dejar trabajar al nuevo Gobierno y, ulteriormente, juzgar su actuación, ya que como dijo el escritor del siglo I a. C. Publilio Siro: 'velox consilium sequitur paenitentia' (pronto se arrepiente el que juzga apresuradamente).