Derecho a cobrar versus obligación de pagar

Los políticos y responsables sociales son los que tienen la obligación, hasta ahora sin éxito, de hacer coincidir dos principios de nuestra Constitución.

Artículo 47. Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.

Y artículo 33, que advierte: 1. Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia. 2. La función social de estos derechos delimitará su contenido, de acuerdo con las leyes. 3. Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes

La situación económica ha llevado a numerosas familias a enfrentarse a largos y dolorosos procesos judiciales, con un final crítico, donde se ven enfrentados los dos principios Constitucionales aludidos.

Todo ello como consecuencia, según muchos expertos, de no prestar atención a otro principio de la Carta Magna.

Artículo 35. 1. Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo.

Los fondos europeos de recuperación controlados por el Gobierno central, tan deseados y ausentes, así como las ayudas que pueden emerger de la Consejería de Fomento y de los ayuntamientos, deben apoyar la salida de esta crisis que arrastra a vivir sin 'techo seguro' a decenas de familias en la Región de Murcia. Ahí está la responsabilidad compartida de las diferentes administraciones.

Holanda ha sido el último país en aprobar una ley para limitar los precios de los alquileres. El éxito de estas medidas, como ya se aplicó en Berlín hace años, se ha cuestionado por algunos analistas, a medio y largo plazo. La efectividad primera, que han anunciado los regidores de grandes urbes europeas, se puede volver del revés ante noticias como las que anunciaban que, tras un breve período de tiempo, el control del precio del alquiler limita la oferta de viviendas en Berlín y París, según las estadísticas territoriales.

Alemania y Francia lo han implementado en lugares de su territorio con una oferta muy tensionada. Pero la reacción de los mercados del alquiler ha generado una distorsión, y no es fácil solucionarlo.

En el vaivén de reformas políticas en España, las familias siguen sufriendo. Merecería la pena el esfuerzo de realizar un estudio técnico en profundidad para conocer nuestras peculiaridades.

La brecha del alquiler social español demanda un aumento de un 8% del parque de vivienda pública para acercarse a la media de la UE. Son datos contrastados que demuestran nuestra debilidad.

Desde el Servicio de Mediación del Colegio de Economistas de Murcia hemos sido activos ante esta necesidad de la sociedad. En el conflicto generado por el impago, acompañamos a las partes protagonistas en procesos previos. Dicha prestación de servicios que damos desde la institución representativa de los economistas tiene como fin atender a quienes se ven en situación de vulnerabilidad extrema ante situaciones habitacionales con difícil resolución, y también a quienes deben de cobrar sus alquileres e hipotecas.

Lo pusimos en funcionamiento ante la avalancha de casos sobrevenidos donde muchas familia no disponían de los recursos necesarios para atender los pagos, y se enfrentaban a un lanzamiento, y el acreedor no recibía el importe de su inversión.

Actuamos para que ambos puedan llegar a un acuerdo. Se aplican las técnicas de mediación. Se pueden resumir en unos principios básicos: voluntad, confidencialidad, neutralidad e imparcialidad. Ambas partes tendrán que conseguir lo pretendido teniendo en cuenta a los otros. En definitiva, ambos ganan, perdiendo poco, y la sociedad murciana sale reforzada y cohesionada.