Deprisa deprisa

La cosa no debió de funcionar muy bien, por lo que hubo que inventar una nueva ley a la que llamaron ley de aceleración o acelera que no es poco, que, como su propio nombre indica, trataba de acelerar los trámites administrativos, reduciendo plazos para informar y resolver.

Ni la una ni la otra habían servido para mucho, porque los informes y autorizaciones de obligado cumplimiento no hay quien los simplifique ni los acelere cuando el problema es que incumplen la normativa o la ley sectorial correspondiente, ya sea en materia de industria, sanidad, medio ambiente, urbanismo, etc. Y ese es el quid de la cuestión, porque las empresas que cumplen no tienen esos problemas y funcionan con normalidad.

Como tampoco debieron servir para mucho las mencionadas leyes, se inventaron una tercera vía más deprisa deprisa, por la que se trataba de atribuir las competencias de las distintas materias al Instituto de Fomento (Info) en un alarde de astucia administrativa, ya que, como se trata de un organismo autónomo, no necesita nutrirse de funcionarios competentes y responsables y puede contratar libremente a personal más o menos cualificado y obediente de forma temporal.

En esta última ley se centralizaban las competencias e intervenciones de los distintos estamentos de la Administración en el Info, donde se creaba un nuevo organismo de naturaleza ¿público-privada? el ARCA, Agencia Regional del Clima y Medio Ambiente, un chiringuito administrativo donde se emitirían los informes, permisos, autorizaciones y resoluciones pertinentes.

Los funcionarios competentes de los distintos departamentos de la administración regional quedaban de esta forma neutralizados, particularmente los de Medio Ambiente, sustituidos por personal contratado 'ad hoc'. No sé muy bien si esta última y disparatada ocurrencia llegó a buen término o está en 'stand-by', porque hasta la fecha las competencias las siguen ejerciendo los consejeros competentes y sus organismos correspondientes.

Pero, hete aquí que ni por esas. Los empresarios parece que se han puesto a la Administración por montera y quieren ir más deprisa todavía apadrinando una nueva ley en forma de decreto de Inversiones Empresariales, Libertad de Mercado y Eficiencia Pública. De forma que mientras el Parlamento Regional legisla en materia de protección del medio ambiente, salud y territorio, el Gobierno regional se las arregla para legislar la forma de saltarse la legislación. ¡Fuera trámites e informes! Un contradios.

El nuevo decreto ley implica modificar más de una docena de leyes autonómicas, aligerar los trámites urbanísticos y medioambientales, potenciar al máximo lo de las 'declaraciones responsables' y, lo que es aún más grave, la privatización de lo público abriendo la puerta a las entidades privadas para la certificación de procedimientos administrativos, algo así como las ITV.

Se subraya lo de la declaración responsable porque es más que dudoso que la implantación de un modelo anglosajón basado en la moral, la confianza y el cumplimiento de las leyes pueda surtir efecto en estas tierras de pillos, donde saltarse las leyes está bien visto social e incluso políticamente. El solicitante firma lo que haya que firmar con tal de que le den el permiso, licencia o autorización a la mayor brevedad con la condición de que cumpla toda la normativa de aplicación. Terminadas las obras o instalaciones, se ponen en funcionamiento sin esperar a que se realicen las inspecciones reglamentarias para ver si han cumplido las normas. Y si hay alguna pega, a esperar otra nueva ley de lo imposible que alargue el proceso. Un nuevo decreto ley para que se puedan desarrollar actividades sin permiso hasta que todos los informes resulten favorables, o sea, lo que hay, miles de instalaciones funcionando sin permiso en espera de que se legalicen por decreto.

Y estando así las cosas, me pregunto: ¿se ha cerrado alguna empresa o instalación por incumplimiento legal?