El decaimiento del Trasvase y sus consecuencias

El gran reto al que se enfrenta el Trasvase Tajo-Segura es pasar en Aranjuez de un caudal mínimo legal de 6 m3/s al caudal ecológico mínimo de 8,65 m3/s propuesto para este nuevo ciclo de planificación hidrológica. Valor muy superior al indicado por el Dr. Luis Garrote, catedrático de la UPM, y el biólogo Dr. Fernando José Mariño en sus trabajos para caracterizar los caudales ecológicos mínimos en el tramo Aranjuez-Talavera, cuyas conclusiones finales señalan que no existen motivos para modificar el valor actual de caudal mínimo de 6 m3/s. Los vigentes caudales mínimos son garantizados en exceso de manera artificial en muchos periodos por los embalses de Entrepeñas y Buendía, ya que de manera natural no se alcanzarían. El catedrático Antonio Fanlo manifestó recientemente en unas jornadas: «Aumentar el caudal ecológico en la cuenca del Tajo es una decisión política. El caudal ecológico nos lo hemos autoimpuesto y con graves consecuencias, pues, si se aplica mal, lleva a restricciones».

De aprobarse finalmente este nuevo Plan Hidrológico del Tajo, se podría producir una reducción del Trasvase en un 40%, con un gran impacto para el Levante español, tal como reconoce el propio Ministerio en el Proyecto del Plan Hidrológico del Segura (2022-27), donde indica que «a la vista de la magnitud de estos efectos puede considerarse el escenario derivado de la aplicación de los caudales ecológicos previstos en el borrador del plan del Tajo, como un coste desproporcionado para esta demarcación hidrográfica, tanto desde el punto de vista económico, como social y ambiental». Estimando una pérdida de 8.060 empleos, y un incremento de los costes de abastecimiento urbano de 16 millones de euros anuales. Pero este impacto que provocaría este recorte del Trasvase podría ser aún mayor. Según un estudio realizado por el Instituto del Agua y las Ciencias Ambientales de la Universidad de Alicante, 15.322 personas perderían su empleo, con una pérdida patrimonial de unos 5.700 millones de euros y, de acuerdo a un informe promovido por el Scrats, la tarifa del agua experimentará un encarecimiento que oscilará entre el 18% y el 22% de media, tanto para la población como para los regadíos.

La época tan convulsa en la que nos encontramos (pandemia, guerra de Ucrania, crisis energética y económica...) pone de manifiesto la gran importancia que tiene para nuestro país mantener, proteger y promocionar un sistema agroalimentario robusto. Este sector ha demostrado ser un gran baluarte social y económico en crisis económicas anteriores, manteniendo su actividad durante el estado de emergencia por la Covid-19, surtiendo de alimentos en cantidad, calidad y con garantías sanitarias a una población confinada. Ante las dificultades actuales, parece prioritario llevar a cabo una verdadera planificación hidrológica nacional, en lugar de generar más incertidumbre al sector agrícola.

La legislación española, desde mediados del siglo XIX, ha considerado que las aguas son un bien colectivo «de dominio nacional y uso público». Pero esta consideración estatal del agua actualmente se está diluyendo; el citado Ministerio está trasladando la idea de que los trasvases son extraordinarios y no existen cuencas deficitarias ni excedentarias. La importancia de los trasvases se refleja en el funcionamiento actual de unas cuarenta infraestructuras de este tipo. Andalucía es la comunidad autónoma con mayor número (11), y también destaca la cuenca del Ebro, con 8 trasvases. Los trasvases abastecen a grandes núcleos de población (Barcelona, Bilbao, Cádiz, Huelva, Murcia...) y zonas regables de gran productividad. También se utilizan con fines ambientales, suministrando a humedales como las Tablas de Daimiel o evitando la sobreexplotación de acuíferos. Además, los vigentes Planes Hidrológicos de Cuenca 2015-21 muestran que existen cuencas deficitarias, como la del Segura (400 hm3/año) y Júcar (245 hm3/año); y otras con recursos posiblemente trasvasables, como las del Ebro (2.867 hm3/año), Tajo (2.722 hm3/año) y Duero (1.452 hm3/año).

Otro ejemplo de que la Administración no parece apostar por una planificación hidrológica nacional que armonice el acceso a los recursos hídricos en igualdad de condiciones, se encuentra en que el Plan Hidrológico Nacional en vigor se aprobó mediante la Ley 10/2001. No parece lógico, teniendo en cuenta los retos a los que nos enfrentamos, que la última modificación de esta Ley fuera en 2005.

Para finalizar me gustaría resaltar que la prevista reducción del Trasvase Tajo-Segura parece obedecer más a intereses regionalistas e ideológicos que al interés general, ya que no está técnicamente acreditada. Como consecuencia del decaimiento injustificado del Trasvase, se están poniendo en riesgo numerosos empleos, además de otros graves impactos socioeconómicos y medioambientales en el Levante español.