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Una de las iniciativas más turbias (y pardiez que había competencia) que ejecutó el primer Gobierno de Mariano Rajoy fue la reforma de la Ley ... de Enjuiciamiento Criminal. La patata caliente le cayó primero a Alberto Ruiz Gallardón, que desarrolló la propuesta, y después a Rafael Catalá, como ministros de Justicia. Al entrar en vigor en 2015, los plazos de instrucción de la riada de causas pendientes por corrupción contra políticos populares se acortaron a seis meses. Ni que decir tiene que la medida causó un gran rechazo entre jueces y fiscales. No importó demasiado. El PP gozaba en aquel momento de mayoría absoluta en el Congreso y su peor enemigo era su propia imagen, acumulando fango casi cada día en nuevos escándalos de corrupción. El acortamiento de los plazos tuvo los efectos deseados: casos tan complejos como el 'Pasarelas', que apuntaba a nuestro expresidente Pedro Antonio Sánchez, se cerraron con la absolución del acusado por un error de la Fiscalía al gestionar el estrecho calendario de instrucción.
Nadie llamó a esto 'golpe de Estado', pero continuó. Tras la formación del segundo Gobierno Rajoy en 2016, PP y Ciudadanos bloquearon en el Congreso las iniciativas parlamentarias para cerrar el coladero. Un asunto este, el de la corrupción, que hemos llegado a asociar indisolublemente con las dos legislaturas de Rajoy y que provocó su caída en la moción de censura de 2018. No ayudó precisamente a limpiar su imagen esa amnistía fiscal decretada por el ministro Montoro nada más acceder al cargo, que permitió a 31.500 evasores masivos de impuestos limpiar su expediente con el fisco por un módico 3% de lo trincado.
Estos días es otro Gobierno, el actual de coalición, el que sufre la presión mediática ante una reforma 'ad hoc' de tipos penales. Se habla, como todos los días de un tiempo a esta parte, de golpe de Estado, y hasta se cuece una esperpéntica moción de censura como respuesta al desaguisado. La corrupción, los indultos a políticos del 'procés', la integridad de España y hasta el 'caso EREs' aparecen en el debate, así como grandes cantidades de 'y tú más' a modo de respuesta. Es verdad, yo también he abierto este texto rescatando pasadas infamias de quienes ahora más gritan. Pero no lo hago con ánimo de empatar nada, sino porque acepto el envite. La comparación me vale: unos y otros modificaron delitos con motivos espurios. Veamos ahora para qué y con qué consecuencias.
No me he caído de un guindo: los actuales socios del Ejecutivo necesitan a ERC. La estabilidad –y casi su condición de posibilidad– de un Gobierno progresista en nuestro contexto depende de un entendimiento, o al menos de un marco de diálogo, con las distintas fuerzas nacionalistas. Lo contrario (la posibilidad de un Gobierno de las derechas en un marco de confrontación patriótica entre españolismo y separatismo) también es cierto. Es en esas coordinadas políticas en las que se produce ahora la reforma de la sedición y la malversación. Hay otra opción, claro. La de la oposición frontal. Piolín y Audiencia Nacional. 155 y encarcelamientos masivos. Cumplimiento íntegro de las penas. Prohibición de la 'immersió' y desprotección de la lengua catalana. Etcétera. Un largo, larguísimo etcétera. El conflicto político convirtiéndose en choque de placas tectónicas. Una nueva cordillera de resentimiento emergiendo entre los territorios, entre los vecinos, durante décadas y décadas. Balcanización era esto.
¿Es ético intentar una vía de diálogo? No lo sé. ¿Fue ético cuando Aznar, a finales de los 90 y al frente de un Gobierno también dependiente de partidos nacionalistas, inició conversaciones con ETA y acercó a 547 presos al País Vasco? Dime tú, corazón.
Más allá de ese rasgarse las vestiduras, más allá del subsiguiente 'y tú más', allá al fondo de nuestra postura en este debate 'jurídico' (para abogado, el que tengo aquí colgado), hay cosas mucho más recias. Hablemos de ellas. De ese simpático elefante del centro de la habitación. ¿Qué es 'romper España'? ¿Judicializar la política lo es? ¿Alentar el victimismo y la desconfianza interterritorial? ¿Llamar golpe de Estado a todo lo que ocurre? ¿La 'tolerancia cero' contra los líderes indepe cose España o la rasga? ¿Indultar catalanes o indultar defraudadores? ¿Qué rompe más España, un referéndum informal o la Benemérita? ¿Oriol Junqueras o Iñaki Urdangarin? ¿Se rompe también España si se resquebrajan la credibilidad y la independencia de su Poder Judicial? ¿Es la absolución de Pedro Antonio Sánchez buena para España? ¿Y el exilio de Anna Gabriel? ¿Y utilizar el tribunal que controlo para paralizar el Parlamento, y viceversa? ¿Puedo romper España para protegerla de quienes quieren romper España? Hablémoslo, vecino. 'Parlem', si quieres.
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