Ciudadanos se equivoca

La democracia es un sistema delicado, cuyo correcto funcionamiento requiere de todo un sistema de equilibrios, controles y contrapesos. Supone el gobierno de la mayoría, pero no sin respetar los derechos de las minorías, sin la cual y sin una cierta alternancia en el gobierno, no hay genuina democracia. Como tampoco la hay sin una justicia independiente, a la cual todos, incluidos los gobernantes, deben estar sometidos. Sin ese imperio de la ley, no hay democracia y, en contra de lo que pretenden los separatistas, no todo consiste en votar, sino en hacerlo de forma adecuada a las competencias disponibles por ley para el colectivo de los votantes, ya sea de ámbito municipal, autonómico o nacional. Y esa es una cuestión que, es importante recalcarlo, no puede resolverse por métodos democráticos, pues caeríamos en una regresión infinita.

Mucha gente cree que eso es así porque lo dice la Constitución vigente, pero es justo al revés: la Constitución lo dice porque las circunstancias históricas en la que nació así lo posibilitaban y lo exigían. Dicho en corto, porque existía la nación española, pudo dotarse de una Constitución. Desengáñense los separatistas: España existía mucho antes de la constitución (e incluso de Franco) y seguirá existiendo cuando esta Constitución mute o sea derogada.

Todo eso lo comprendió Ciudadanos en sus comienzos y de ahí su gran éxito electoral en una Cataluña sometida al despotismo separatista, avalado en las urnas y consolidado por un Partido Socialista de Cataluña que, no lo olvidemos, hasta 2015 llevaba el derecho a la autodeterminación catalana en su programa, pactó con ERC dos gobiernos consecutivos de coalición, pergeñó un Estatuto de Autonomía inconstitucional y, más recientemente, se apresuró a declarar que no apoyaría a Arrimadas como candidata a presidir el Gobierno catalán y pactó con los de Puigdemont gobernar la diputación de Barcelona.

Allí, en Cataluña, surgió un debate inédito hasta entonces en los sistemas democráticos: la posibilidad de celebrar sesiones parlamentarias por métodos telemáticos e, incluso, investir presidente a distancia, sin que fuese necesario que el candidato estuviese corporalmente presente en el salón de reuniones. Naturalmente, no era más que un truco para que Puigdemont, fugado a Bélgica y protegido por ese Estado fallido, pudiese ser nombrado presidente de la Generalidad Catalana. Y, naturalmente, Ciudadanos se opuso a tal desmán, argumentando convincentemente que la presencia física era consustancial al sistema democrático, con su viveza, su posibilidad de improvisación y, sobre todo, la vinculación entre los representantes populares y el territorio. La ley y el reglamento estaban de parte de Ciudadanos, pero lo importante era que también lo estaba la verdad: sin presencia física, sin vinculación directa del diputado al espacio concreto en el que viven sus representados, la democracia se devalúa.

Ya tuvimos que soportar el timo de que Teruel Existe se vea representada en el Congreso por un señor que vive y trabaja en Valencia, el cual había sido infructuosamente candidato en las listas de la Junta Aragonesista, lo más parecido al separatismo que hay en Aragón. Y, con motivo de esta pandemia, hemos visto esa otra clase de timo que consistía en dar ruedas de prensa en las que las preguntas a los ministros eran las elegidas por un alto cargo que recogía, ordenaba y filtraba las formuladas por los periodistas, que en su opinión exhibían una exagerada manía de preguntar. Y también ha estado capitidisminuido el control democrático al Gobierno, que se encarna en el Congreso, siendo sustituido por cotidianas intervenciones de técnicos y ministros sin posibilidad de réplica ni de control.

La tentación de sustituir las reuniones presenciales por videoconferencias telemáticas degradaría seriamente la democracia. Por un lado, diluiría el control a los gobiernos de forma aplastante; por otro lado, e igual de grave, rompería la imprescindible vinculación del representante al territorio. En última instancia, privaría de sentido a la necesidad de estar empadronado en el sitio correcto para ser elector y elegible en esa zona; y, en efecto, podría desembocar en que Puigdemont fuese elegido sin pisar Cataluña.

Aunque la técnica lo permita, Ciudadanos se equivoca al pedir en nuestra región y en España que los plenos parlamentarios puedan realizarse a distancia, contradiciendo lo que viene defendiendo en Cataluña. Si los médicos, los sanitarios y demás personal sanitario, atienden presencialmente a los enfermos; si los cajeros de tiendas de comida atienden presencialmente a los clientes; si los cuidadores de ancianos en las residencias no se alejan de ellos, ¿por qué los diputados no pueden reunirse ocasionalmente para desempeñar sus funciones en los correspondientes plenos? ¿No desempeñan una actividad esencial? ¿Es preferible salvarlos de un posible contagio a costa de debilitar seriamente la democracia? ¿No es factible controlar mediante las oportunas pruebas bioquímicas si alguno está infectado para eximirle de asistir? En democracia, como en el sexo, prefiero lo presencial.