Bastaría cumplir la ley

Existe una queja, generalizada entre los empresarios, asesores y consultores de la Región, y si me apuran de toda España, de que en este país se legisla demasiado; que vivimos en un marasmo de millones de folios de legislación, nacional y regional, que empantanan las relaciones económicas y hace artificialmente complejo el trabajo diario de todo tipo de entidades. Pero la realidad es algo más compleja. De partida, el problema esencial no creo que radique tanto en el exceso de legislación como en su aplicación. Una de mis experiencias más inesperadas en política fue descubrir, en múltiples reuniones y conversaciones con responsables de colectivos y ciudadanos de a pie, la cantidad de agravios comparativos que sufren porque la administración no hace cumplir las leyes.

Les pongo varios ejemplos recientes: una emprendedora que conozco se gastó sus ahorros en una guardería, en la que se esmeró en cumplir toda la normativa al uso, pero se plantea cerrar porque pierde clientes continuamente hacia instalaciones sin homologar ni controlar en el mismo barrio; lo mismo le ocurre a un empresario del reciclaje de vehículos, que se esfuerza a diario en tener todas las certificaciones y cumplir a rajatabla la legislación ambiental y a pocos metros de sus instalaciones otra se dedica a lo mismo, pero con un descuido absoluto en la gestión de residuos; también es dolorosa la experiencia de los empresarios honrados del mueble de Yecla a los que les cuesta la vida encontrar buenos tapiceros, porque muchos de ellos prefieren trabajar en negro en naves cercanas a la suya. Mientras tanto, la inspección de trabajo les asetea periódicamente con inspecciones y ven con frustración que rara vez entran en los lugares donde todo el mundo sabe que se trabaja sin horarios, contratos y ni condiciones laborales dignas. Y, para citarles un último, ahora que se habla tanto, y con razón, del atentado ecológico del Mar Menor, les diré que el denostado cambio que hicimos hace dos años del decreto de medidas urgentes para salvar la laguna ha caído en saco roto porque las denuncias que tramitaba por su incumplimiento el Seprona se iban quedando en un cajón de la consejería del ramo. Ha tenido que ocurrir el desastre de la DANA para que el consejero de Agricultura diga ahora que sí se van a imponer las sanciones pendientes. Me gustaría que informara cuando lo haga de veras. Son meros ejemplos. Pero ¿cómo hemos llegado a este punto?

En primer lugar, porque muchas leyes aprobadas en la Región mueren el sueño de los justos a la espera de un reglamento. El ejecutivo hace inútil así el trabajo del legislativo y no tiene pudor en anunciar cada cierto tiempo que arranca el tema, como si buscara más impactos de prensa que resolver problemas. Por otra parte, el sistema legal español es tan sumamente garantista que muchos delitos, algunos muy graves, prescriben por falta de medios. Por último, y como ya les he ido adelantando, la Administración, regional o local, demora sus multas por intereses espurios. No vaya a ser que molestemos a algún votante en potencia o a alguna influyente empresa. Los organismos nacionales de referencia, como la Comisión Nacional de la Competencia, tampoco dan ejemplo y tienen un extenso currículum a este respecto. La última: acaba de rebajar su propuesta de reducir en 1.600 millones de euros a las eléctricas y gasistas el exceso de dinero que nos cobra en nuestras facturas, por razones que no hay quien entienda.

Pero claro, muchos jueces e inspectores medioambientales, de trabajo, de industrias, etc., etc. que me estén leyendo dirán que están muy solos, que no tienen medios y que su trabajo es inabarcable. Y les doy la razón. Es más, creo que urge ampliar plantillas, incentivarlas y darles libertad para trabajar, sin injerencias políticas. Valga el ejemplo de la hasta ahora más eficiente burocracia del país, la de Hacienda, que ya está avisando de que se están quedando sin profesionales, y que le urge incorporar a 3.000 trabajadores. En la Región de Murcia es particularmente grave la precariedad del servicio de inspección ambiental, que tiene paralizado miles de proyectos empresariales. Pero claro, ya veremos cuánto esto es prioritario para el nuevo Gobierno nacional y para las administraciones regional y local. Desde luego, inventarse una administración paralela no es la solución.

En suma, en España y en la Región de Murcia no sobran leyes, falta voluntad de cumplirlas y hacerlas cumplir. No hablo de establecer un estado policial. Hablo de que se cumplan las normas. Unas normas que no van contra nadie. Están, de hecho, para defendernos a todos como sociedad. Porque no hay mayor garantía de que funcione el mercado y de que haya justicia social que se cumplan las leyes.