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Las primeras universidades del mundo tenían como único cometido la enseñanza. Más tarde se introdujo la Investigación y la Transferencia de Conocimiento como segunda y tercera misión que conforman el Triángulo del Conocimiento.
Aplicando las enseñanzas de Paulov, el personal docente e investigador fue adaptándose a la relación estímulo-comportamiento hasta tal punto que a algunos se les olvidó la función primigenia de educar: los baremos para la acreditación y promoción establecidos por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) otorgan mucho más valor a la investigación que a la docencia.
En los últimos tiempos se atisba una cuarta misión de las universidades: la Responsabilidad Social Universitaria, que apunta hacia el desarrollo sostenible, implicando transversalmente a todas las partes interesadas (alumnos, profesores, empresas, las administraciones públicas, los medios de comunicación, las entidades del tercer sector, los centros de investigación, etc.) para implementar políticas y programas que transformen a la institución desde un autodiagnóstico reflexivo permanente de sus logros y fallos, con coherencia, transparencia y ánimo de innovación.
Desde la Responsabilidad Social Universitaria se proponen distintas metas a alcanzar por nuestras universidades. En gestión organizacional los objetivos pasan por conseguir un buen clima laboral y un campus sostenible que apuesta por el cambio de paradigma de la economía lineal a la economía circular, así como por un estilo de gestión basado en la ética, la transparencia y la inclusión.
En formación se apuesta por el aprendizaje basado en proyectos sociales, la inclusión curricular de los ODS y el diseño de mallas curriculares diseñadas con la participación de actores externos a la academia. El futuro no es la formación híbrida, sino la puesta en marcha de comunidades de aprendizaje basadas en el dialogo socrático y la superación del conocimiento enciclopédico en el que hace tiempo fuimos superados por los robots.
En investigación se busca la interdisciplinariedad y transdisciplinariedad de los equipos de investigación, así como la producción y difusión pública de conocimientos útiles para el ser humano. La universidad española suspende en la transferencia de su investigación. Cada año miles de trabajos acaban materializándose en publicaciones científicas en lugar de aplicarse en un proceso productivo o de gestión empresarial. ¿Qué estamos haciendo mal?
Por último, en materia de participación social se recomienda que la universidad sea capaz de participar en la agenda local, nacional e internacional. Un plan que en nuestro país se materializa en la Agenda 2030, impulsada por la Organización de Naciones Unidas, la Unión Europea, el Gobierno de España y las comunidades autónomas, y que se plasma en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que a su vez se despliegan en 169 metas a lograr, siendo la prioridad de nuestras universidades alcanzar la meta 4.7. en España en 2025: «El 100% del alumnado en España habrá adquirido los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo sostenible y la adopción de estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y de la contribución de la cultura al desarrollo sostenible, entre otros medios».
Para su consecución, la Conferencia Sectorial de Educación y la Conferencia General de Política Universitaria han adoptado cuatro medidas:
Incorporar la educación para el desarrollo sostenible en la totalidad de la enseñanza obligatoria y en el sistema educativo, a través de los planes y programas educativos, para 2025.
Incorporar en todos los grados y postgrados la formación en la Agenda 2030 y los ODS para 2021, de forma que todos los estudiantes que completen estudios de grado o posgrado hayan recibido una formación básica en desarrollo sostenible y ciudadanía mundial, al 100% en 2025.
Incorporar para 2022 como contenidos mínimos requeridos en el sistema de acceso a la función docente (obligatoria y universitaria), los conocimientos y destrezas necesarios para la educación para el desarrollo sostenible y la Agenda 2030.
En 2025, todo el personal docente de la enseñanza obligatoria y universitaria deberá haber recibido cualificación en la Agenda 2030.
Se puede concluir que los Objetivos de Desarrollo Sostenible constituyen el más inmediato reto de la Responsabilidad Social Universitaria en el marco de su función de participación social. Para su consecución, las universidades de la Región de Murcia precisamos del impulso de la Dirección General de Gobierno Abierto y Cooperación (que es la unidad competente en la materia), un apoyo que esperamos y deseamos que se sustente en tres pilares básicos: la transparencia, la colaboración y la participación de todos.
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