Armonización desarmonizada

Si decidiera pagar la comunidad de propietarios del edificio colindante por ser más barata que donde vivo, mis vecinos se enojarían. No contribuiría a sufragar el coste de espacios comunes que uso: ascensor, limpieza, etc. Me recriminarían que deben poner mi parte. Tacharían de irresponsable competir en cuotas porque podría hacer que en ciertos edificios prescindieran de gastos como el ascensor, perjudicando a colectivos vulnerables y necesitados.

Desde un punto de vista downsiano, un político utiliza todo lo que esté a su alcance para maximizar el número de votos y ganar sus elecciones. Buscará el equilibrio entre aumentar el gasto público, que le da votos, y subir impuestos, para sufragarlo, lo que le resta. No obstante, en el Estado de las Autonomías, con movilidad fiscal, se da la tentación de bajar impuestos y mantener o aumentar el gasto, gracias a acoger a huidizos contribuyentes de otras comunidades. De hecho, desde el 2014 al 2019, en la Comunidad de Madrid con menos impuestos el gasto sanitario autonómico por madrileño ha aumentado un 7,3%, cuatro veces que para un catalán y 7,7 veces más de aumento en gasto de protección social per cápita.

Si en España existiera un proyecto común, tendríamos una armonización fiscal que evitaría desequilibrios de graves consecuencias sociales, defendiendo la igualdad de todos ante la ley. Lo sorprendente es que adalides de la desarmonización y desigualdad por razón de lengua o Rh se alcen reclamando armonización a medida. Es revelador que el gasto autonómico por catalán sea un 17,9% superior que para un madrileño, pero que sea un 4,4% inferior en sanidad. Más allá de la competencia fiscal, también existe un problema de eficiencia y preferencias. Si a Rufián le importase atender lo social, reubicaría gastos para lo necesario como la sanidad de quienes representa. Además, los ingresos catalanes se resintieron desde aquella república de siete segundos. Debería cuestionarse si, incluso armonizados, las empresas retornarían fiscalmente o seguirían huyendo de la inseguridad jurídica del lacito. Si realmente le importase la armonización, denunciaría la insolidaridad del cálculo del cupo vasco. El concierto vasco está en la Constitución, pero esta no impone que contribuyan solo un 6,24% de lo recaudado por la hacienda vasca. Están desaprovechando la oportunidad de reclamar la solidaridad que la izquierda supuestamente abandera.

Para un proyecto común de país, necesitamos políticos que no maximicen únicamente sus votos, que no se excusen en la autonomía fiscal constitucional para competir, ni tampoco en cupos ni privilegios insolidarios, ni en pretender el retorno de quienes huyeron por temor a los lacitos, ni en buscar culpables externos de los propios excesos de deuda. Pero poco queda ya de proyecto, de común y de país.