La reducción del tiempo de trabajo

Desde enero, los agentes sociales y el Gobierno de la nación abordamos en la mesa del Diálogo Social la reducción de esta jornada hasta las 37,5 horas semanales. Mesa a la que, lamentablemente, las organizaciones empresariales han acudido tratando de hacer valer un injusto e inadmisible veto contra una medida que es esencial para hacer avanzar nuestro marco de relaciones laborales, desde múltiples facetas, para modernizarlo, y para incrementar la productividad, auténtico talón de Aquiles de nuestra economía.

Como ya sucedió ante las subidas del SMI, que indiscutiblemente han tenido repercusiones positivas para el crecimiento de la economía y la creación de empleo, la 'diligente' militancia del 'think tank' proempresarial ya ha desplegado una estrategia de ataque preventivo, contra una medida a la que atribuyen repercusiones apocalípticas sobre los costes para las empresas y la competitividad, 'olvidando' que uno de sus mayores beneficios será, precisamente, el incremento de la productividad.

Prolíficos estudios científicos han evidenciado que las jornadas prolongadas disminuyen la concentración, aumentan las interferencias y reducen la eficiencia. Adicionalmente, el malestar en el trabajo y la frustración que genera no poder conciliar adecuadamente la esfera personal y laboral, también incide negativamente sobre la productividad. Por no mencionar lo difícil que resulta mantener o atraer talentos profesionales, con unas condiciones de trabajo que no favorecen la conciliación, lo que también tiene un coste en términos de productividad para las empresas.

Pero el problema no es solo que las personas trabajadoras no estén participando de esa ganancia de productividad desde hace décadas, es que, incluso, se han visto perjudicadas por normativas tendentes a facilitar la disposición unilateral del tiempo de trabajo por parte de la empresa, y por las carencias regulatorias de la desconexión digital, viendo cada vez más mermado su derecho a un descanso efectivo. Un derecho especialmente vulnerable para las mujeres trabajadoras, sobre las que aún recaen, mayoritariamente, las tareas domésticas y de cuidado y acaban 'pluriempleadas', saliendo de una jornada para comenzar otra al llegar a casa.

Reducir la jornada, en consecuencia, es necesario para proteger la salud física y mental de las personas trabajadoras, pero también lo es para liberar tiempo para su formación (un asunto capital ante el avance la automatización de los procesos productivos y la digitalización), para crear oportunidades de conciliación reales, y para avanzar en corresponsabilidad. Las empresas tenderán a adoptar medidas de reorganización y optimización del tiempo de trabajo, además de obviar que la reducción de jornada, con toda probabilidad, disminuirá los costes derivados del absentismo, las bajas y el presentismo improductivo.

Y, asunto no menos importante, para mejorar el reparto del empleo. No puede perderse de vista tampoco que tenemos un evidente problema de paro estructural en España (según la EPA ,99.000 personas desempleadas en la Región de Murcia, de las que el 40% son de larga duración), que mantiene la tasa de desempleo española duplicando la de eurozona, situación que encontraría alivio con las nuevas contrataciones, además del impulso que supondría para ciertos sectores una mayor disposición de tiempo libre de las personas trabajadoras.

Las experiencias vienen mostrando, en Europa, EE UU, Nueva Zelanda... que las empresas que han aplicado la reducción del tiempo de trabajo han mejorado en todos estos ámbitos.

Alcanzar las 37,5 horas de forma inmediata es un paso cabal y equilibrado, perfectamente realizable. Que, además, tendrá un impacto residual en el sector público o en las empresas donde ya se ha avanzado en este sentido, pero que plantea un camino de avance sustancial para el resto, casi 13 millones de personas en España. Con esta modificación legal se contribuirá a un marco laboral atento a las necesidades sociales y el bienestar de las personas, más justo, igualitario y productivo.

Tanto Europa como nuestro país, nuestra sociedad y nuestras empresas están preparadas para dar este paso indisoluble de nuestro progreso, y hacerlo, además, acompañándolo de un cambio generalizado en la gestión de los recursos humanos, los hábitos sociales y los estilos de vida, buscando su necesaria coherencia con los objetivos de sostenibilidad, igualdad, bienestar y trabajo decente de la Agenda 2030.