Un drama que no cesa

En la Región de Murcia, fallecieron el año pasado 51 personas por accidente de trabajo. Crecieron los accidentes sin baja, con baja, in itinere... y se disparó la incidencia de los mortales, pasando de casi tres por cada 100.000 trabajadores, a más de 6. Cifras escandalosas, dramáticas, que nos deberían conmover como sociedad, y que deberían bastar para posicionar la prevención de los riesgos laborales, en las empresas y en la agenda política, en el lugar que, desde luego, merece.

Es a todas luces urgente articular un plan de choque contra la siniestralidad laboral a nivel estatal, y desarrollar, aquí, una nueva Estrategia Regional de Seguridad y Salud Laboral que ponga presupuesto y medidas efectivas sobre la mesa. Y es que se necesita mayor voluntad para afrontar los problemas que derivan del hecho de que la prevención se haya convertido en un formalismo, en muchos casos, en un objeto de negocio que olvida su fin primordial y se encuentra masivamente externalizado en las empresas. Voluntad también necesaria para acabar con la falta de recursos al servicio de la vigilancia y control del cumplimiento de la norma, y para atender adecuadamente riesgos como los psicosociales, asociados a infartos y derrames cerebrales, que ya son la primera causa de muerte en el trabajo.

La normativa en materia de prevención tiene que modernizarse para abordar nuevas realidades laborales y acoger nuevas perspectivas, que destierren patrones unívocos basados en un solo género, criterios edadistas o capacitistas. Además, hay que actualizar el listado de enfermedades profesionales y acompasar la norma a las evidencias científicas sobre muchas enfermedades, que, como el cáncer de origen laboral o las relacionadas con la salud mental, quedan en la mayoría de los casos fuera de la protección cualificada de las contingencias profesionales.

No puede obviarse tampoco que el cambio climático ya está impactando en la seguridad y salud de las personas trabajadoras, como trágicamente constatamos cada verano, especialmente en las regiones del sur y contra las que no es suficiente 'hacer campañas', sino exigir un riguroso cumplimiento de las normas sobre estrés térmico en entornos laborales.

Ni qué decir tiene, el tiempo que llevamos reclamando más recursos para la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y la Fiscalía de Siniestralidad Laboral. Hay una gran cantidad de accidentes que se califican torticeramente como leves con la intención de eludir la intervención de la Inspección. Hay situaciones de riesgo muy grave que, aunque no lleguen a tener como resultado lesiones o muerte, quedan completamente impunes. Tenemos una Inspección de Trabajo y Seguridad Social infradotada en recursos, para más de medio millón de asalariados en la Región. Y un tapón en la Administración de Justicia, generalizado, sí, pero que para las víctimas de accidentes laborales puede suponer un calvario de cinco años de media para lograr una sentencia firme en primera instancia.

La falta de ambición en las políticas públicas preventivas nos ha llevado, además, a estar años reclamando sin éxito la creación de la figura del delegado territorial de prevención, una figura que existe en otras comunidades autónomas, donde ha servido para mejorar el cumplimiento y la implantación de la norma preventiva en las empresas donde no existe representación sindical.

La precariedad laboral es la causa más concurrente en la siniestralidad. La temporalidad –que se ha conseguido reducir a mínimos históricos con la reforma laboral acordada por el Gobierno del Estado con los agentes sociales–, la rotación, el temor a ser despedido, los excesos de jornada, la exigencia inhumana de ciertos sistemas de evaluación del rendimiento, la propia organización del trabajo... incrementan el riesgo de sufrir un accidente de trabajo o patología relacionada con el empleo.

En definitiva, de forma permanente, pero ahora en la conmemoración del Día internacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo, debemos poner el foco sobre muchas y necesarias reivindicaciones para mejorar la prevención en las empresas, pero, también, visibilizar a las víctimas de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales, visibilizar un drama que no cesa, que arrasa familias y trunca vidas, un drama que no es posible seguir asumiendo sin reaccionar con la contundencia y diligencia necesarias.