La financiación autonómica, una prioridad inaplazable

Una quita de la deuda que no resuelve el problema real de la financiación autonómica, como acertadamente recoge Alberto Aguirre, director de LA VERDAD, en su Primera Plana del 2 de marzo: «La condonación del 27% de la deuda mejorará la solvencia financiera de la Comunidad, no es una cantidad menor, aunque ni resolverá la inequidad financiera de la Región, como apunta Fedea, ni aumentará el gasto en sanidad o educación, aprecia la AIReF. El Gobierno regional dejará de pagar 3.318 millones de euros, pero sin aumentar sus recursos».

Un sistema de financiación en vigor desde 2009, y que desde hace demasiados años está fuera de la realidad. En consecuencia, los recursos no cubren el coste de los servicios a los ciudadanos, lo que supone que se liquiden los Presupuestos con déficit y endeudamiento.

El recurso a la deuda debe de ser excepcional y se está haciendo cotidiano en las comunidades autónomas como consecuencia principal de una financiación inadecuada. Supone además un exceso de burocracia y gastos no prioritarios. A nivel nacional, el crecimiento del gasto por encima de los ingresos (que están aumentando por una creciente presión fiscal sobre personas y empresas) está generando problemas crecientes por el coste de los intereses que hay que hacer efectivos; además, se está penalizando gravemente a las siguientes generaciones, y condicionado su capacidad de actuar así como la obligación de pagar las deudas que nosotros hemos generado.

Ahora nos encontramos que en vez de afrontar la reforma de la financiación autonómica para adecuarla a la realidad, el Estado asume 83.252 millones de deuda autonómica (como consecuencia de los acuerdos con los partidos independentistas catalanes de la condonación de 17.000 millones de euros), generando una nueva disfuncionalidad. Al pasar al Estado la deuda de una parte para que la paguen todos, en vez de afrontar la realidad de la financiación y corregir las deficiencias, seguimos caminando por sendas cuando debemos de ir por la carretera principal.

Es evidente que este no es el camino. Lo primero es resolver la financiación, para que puedan responder a sus obligaciones para con los ciudadanos, desde la educación a la sanidad, desde las infraestructuras hasta los equipamientos para el desarrollo de la actividad productiva; y una vez resuelta la financiación, analizar los déficits que se han producido entre lo recibido y lo que tendrían que haber recibido según la nueva financiación, para que ese diferencial que no es responsabilidad de la gestión de las comunidades sea asumido por el Estado. A la vez, es necesario reducir drásticamente el gasto público no inversor y, salvo situaciones excepcionales, ajustar los gastos a los ingresos en todas las Administraciones.

Los datos publicados por Fedea, en Estudios sobre la Economía Española, del informe de la evolución de la financiación de las comunidades autónomas de régimen común, años 2002-2022, realizado por Ángel de la Fuente, ponen de manifiesto las diferencias existentes entre las comunidades autónomas a competencias homogéneas por habitante. Andalucía, Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana se encuentran financiadas por debajo de la media nacional, y singularmente la Región de Murcia, que es la peor financiada y se sitúa 9,80 puntos por debajo de la media nacional.

En el caso de la Región, en 'Re-Emprender de la incertidumbre a la confianza', publicado por la Universidad de Murcia, en diciembre de 2022, páginas 118 y 119, se recoge con amplitud el problema de la infrafinanciación y las consecuencias para la Región, así como que el retraso en su incorporación a los grandes ejes de comunicaciones sigue condicionando su capacidad de generar empleo y riqueza.

Una triste y dura realidad que ha generado una deuda para con la Región que ha de ser compensada por el Estado, llevando a cabo la programación y realización de las infraestructuras recogidas en el acuerdo del 6 de marzo de 2020, viarias, ferroviarias y El Gorguel, que es vital para la Región, y corregir la situación de desventaja en relación con los territorios del entorno, y poder poner en valor todas sus potencialidades.

Para conseguirlo es preciso acabar con los enfrentamientos y negociar un acuerdo por la Región entre el Gobierno y los partidos políticos, para juntos afrontar y resolver los problemas que condicionan el desarrollo social y económico de la Región, así como una financiación autonómica que responda a la necesidad del equilibrio e igualdad financiera de todas las comunidades autónomas a iguales prestaciones. Este el gran reto al que nos enfrentamos y que hemos de conseguir hacer realidad.