«No hay justicia»

La última expresión fehaciente de lo que digo es el acuerdo alcanzado entre el fiscal jefe de la Región de Murcia y los siete empresarios y promotores que formaron parte de una red de prostitución de menores y que ha desatado una ola de indignación en la sociedad murciana. Según los términos de este acuerdo, el Ministerio Fiscal rebaja las penas de prisión de los implicados a cinco meses de cárcel, lo que evitará que entren en prisión. Esto ha generado un profundo malestar y una sensación de injusticia entre la población. Agravado por el hecho de que hayan transcurrido diez años desde que se cometieron los delitos hasta que finalmente se los ha llevado a juicio. Lo que aumenta la sensación de injusticia.

Este caso pone en el centro del debate la cuestión de la justicia y su papel en la protección de los más vulnerables. La explotación sexual de menores es uno de los crímenes más atroces que se pueden cometer, no solo por el daño físico que sufren las víctimas, sino también por el trauma emocional y psicológico que arrastran durante toda su vida. Cuando la justicia no actúa de manera contundente y proporcional en casos tan graves, se envía un mensaje peligroso: que la vida y la dignidad de las personas, en especial de los menores, no tienen el valor que merecen.

Pero hay algo que me resulta mucho más repugnante y es el hecho de que hubiera mujeres, las supuestas 'mamis' que eran quienes captaban a las menores. Siempre me he preguntado cómo una mujer puede llegar a hacer tal cosa sin tener la empatía de ponerse en el lugar de esas crías, o pensar que podrían ser sus hijas... Puedo entender que el fiscal no sea capaz de ponerse en el lugar del padre de las víctimas, pero nunca que no lo haga una mujer. Y lo mismo me ocurre con las abogadas que aceptan defender a estos individuos e individuas.

Cada día aumentan la cosificación de la mujer y los delitos sexuales. En el año 2023, se registraron en España un promedio de 80 agresiones sexuales al día. Este es un dato alarmante que debería encender todas las alertas en el sistema judicial y en las autoridades. Además, saber que uno de los vídeos más vistos es el de una violación grupal a una menor es una muestra del nivel de deshumanización y falta de respeto hacia la dignidad de las personas que está ocurriendo en la sociedad actual. «No hay justicia», decía una de las mujeres víctima de una violación grupal. «Estamos solas», insistía. Yo me niego a aceptar que estamos solas, porque no es cierto. Pero sí que estamos abandonadas a leyes, a acuerdos y a dilaciones, que no a justicia.

Resulta muy muy preocupante que en pleno siglo XXI estemos viendo cómo la violencia sexual y la cosificación de las mujeres y menores no solo persisten, sino que parecen aumentar en frecuencia y gravedad. Lo más alarmante es que estos delitos están ocurriendo a edades cada vez más tempranas. Estamos viviendo en una sociedad enferma que no cuida de sus hijos ni los prepara para la selva a la que vida los lanza, cada vez a edades más tempranas.

Los jueces y fiscales deben ser conscientes del mensaje que se envía cuando se negocian penas que no implican cárcel para delitos tan graves como la prostitución de menores. En estos casos es fundamental que las condenas sean severas, que no haya concesiones y que la justicia sea proporcional y ejemplarizante. Porque este tipo de acuerdos no solo afecta a las víctimas directas, sino también a la confianza de la sociedad en el sistema judicial. Cuando se percibe que los criminales de alto nivel, con recursos y poder, pueden escapar de la cárcel gracias a acuerdos entre abogados y fiscales, el ciudadano común pierde la fe en que el sistema de justicia funcione de manera equitativa para todos. Y favorece que pensemos que «no hay justicia».