Mi casa

¿A que ya saben por dónde voy? De todas formas, los saco de dudas: día sí y día también las pantallas televisivas nos informan de la cantidad de viviendas okupadas por individuos, unos, delincuentes; otros, sinvergüenzas― que le dan una patada a la puerta de una casa mientras sus dueños están ausentes, para posesionarse de ella. O que les alquilan la casa, les pagan el primer mes y... nunca más.

Siempre me asombraron las nulas medidas de seguridad que tienen las casas en EE UU, apenas un cristalito, un pestillito de chichinabo y poco más, pero que alguien se atreva a traspasarlas, porque lo menos que puede ocurrirle es que le descerrajen un tiro sin consecuencia alguna para el dueño, simplemente porque han violado su propiedad privada.

En cambio, lo que está ocurriendo en España es un disparate tan grande que no logro entender cómo es posible que lo estemos permitiendo. Okupan las viviendas, dejan en la calle a sus dueños impotentes para defenderse que, además, deben correr con los gastos de luz, agua, etc. y que, para más inri, son denunciados por los delincuentes que se las han okupado si osan entrar a recoger, al menos, las medicinas que estén tomando. Y lo hemos aceptado como si lloviera. Como si fuera lo más natural del mundo. Y si a alguno de esos dueños okupado se le ocurre entrar o tomar represalias, va derechito a chirona. Así que aquí es donde entra el justiciero Clint Eastwood en forma de Empresa de Desokupas, la cual, con métodos más o menos convincentes, logra, en muchas ocasiones, sacar de las casas a los inquiokupas.

Hace unos días, dos honrados dueños de pisos en una urbanización (Torrejón) que está okupada en el 80% por okupas que ni respetan las normas de convivencia y salubridad elementales ni se dedican a otra cosa que no sea el trapicheo de droga, hablaban de la impotencia, del miedo a que sus hijos salgan de noche y sean robados, o apaleados si se resisten a ello. Diez años llevan clamando justicia sin ser escuchados. Decían que si eso pasara en las casas de los ministros, seguro que no tardaban ni doce horas en solucionarlo, pero ocurre en casas de trabajadores. Y el Gobierno, lejos de endurecer las leyes contra la okupación, ha creado un marco legal que protege más al delincuente que a la víctima. Con excusas de carácter social, han puesto en bandeja un sistema en el que los propietarios quedan absolutamente indefensos.

Y así, en este infierno de cobardes en el que nadie en el poder se atreve o cuenta con los votos suficientes―para poner orden, al desamparado no le queda otra salida que recurrir a soluciones al margen de la ley. Y no, no debería ser así. La justicia debiera ser la que hiciera su trabajo, pero en lugar de eso, tenemos dirigentes que hacen todo lo posible para que la injusticia continúe.

Si seguimos así, no será de extrañar que cada vez haya más Clint Eastwood modernos, que, ante la ausencia, la inacción―de protección oficial, sean pagados por los dueños de las casas para recuperar, al menos, las ruinas que les dejan los incívicos okupas. Y eso, lejos de ser una solución, es una muestra de lo que hemos perdido como sociedad: el sentido de la justicia, la seguridad y el respeto, no solo por lo que cada uno haya logrado, sino por un Gobierno miserable que solo ama el poder. A cualquier precio.