Votos y pateras

La oleada de pateras que dejaron en las costas de Cartagena casi 500 inmigrantes irregulares este pasado fin de semana ha puesto en evidencia, como en otras ocasiones, las dificultades operativas del Ministerio del Interior para hacer frente a esas avalanchas que se producen periódicamente en estas fechas. El problema ciertamente no es nuevo, pero sus efectos se agudizan por el hecho de que Argelia, como respuesta al giro del Gobierno de Pedro Sánchez en su posición respecto al Sahara y su aproximación a Marruecos, ha relajado la vigilancia en sus costas y no acepta la devolución de sus nacionales. Esto último impide que los inmigrantes irregulares pueden ser internados temporalmente en un centro de internamiento de extranjería hasta el regreso al país de origen. Ahora, una vez cumplimentados los expedientes policiales en el centro de acogida temporal, los inmigrantes pasan a manos de las ONG humanitarias o deben ser puestos en libertad antes de 72 horas. De ahí la chocante imagen de decenas de inmigrantes dejados a su suerte junto a las estaciones de bus de Murcia, Cartagena y Lorca, en algún caso, según denuncian los ayuntamientos, sin previo aviso.

La inmigración irregular es un desafío que desborda lo regional y nacional. Atañe a toda la UE y abordarlo solo es posible con la implicación de los países desde donde parten las embarcaciones fletadas por redes de tráfico de personas. La complejidad y dimensión del fenómeno aconseja orillar las posiciones partidistas y abogar por consensos de Estado, pero como hemos visto este pasado fin de semana, parece que no resulta posible. Más aún cuando existen partidos que están utilizando la inmigración irregular para captar votos con vistas a las elecciones europeas del próximo año. En Italia le dio resultado en las urnas a Giorgia Meloni. La líder populista del partido de derecha radical Hermanos de Italia ganó las elecciones de su país prometiendo que terminaría con el desembarco de 'sin papeles' en sus costas mediante un bloqueo naval y la creación de centros de acogida en territorio africano cogestionados por la UE. Un año después no ha cumplido ninguna de esas medidas. Por el contrario, la inmigración irregular en el sur de Italia se ha multiplicado por cuatro. No solo eso. Las trabas a la acción de los barcos humanitarios y la falta de una misión europea de rescate hicieron que el primer trimestre de este año fuese el que deja más muertos en el Mediterráneo central desde 2017. Meloni ya ha tenido que recurrir a un acuerdo económico convencional con Túnez y con el tiempo se verá obligada a implementar un plan nacional de acogida, una de las razones del caos vivido en isla de Lampedusa.

Hacer populismo con mensajes que generan miedo o directamente son xenófobos es un camino socialmente peligroso. Cuatro asociaciones murcianas de la red de acogida humanitaria van a denunciar ante la Fiscalía, por presunto delitos de odio, las declaraciones del vicepresidente José Ángel Antelo y del portavoz parlamentario de Vox, Rubén Martínez Alpañez, quienes vincularon, respectivamente, la llegada de inmigrantes irregulares con la infiltración yihadista y con la delincuencia. Palabras que merecieron la reprobación de la oposición y el silencio del presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, que se ha quitado de enmedio en este tema doméstico. Es cierto que hay radicales yihadistas que llegaron a Europa embarcados en pateras, pero son casos aislados puesto que la mayoría de los episodios de radicalización violenta están ligados a determinados modelos de integración social, en muchos casos de jóvenes nacidos y educados ya en territorio europeo. No deja de sorprender que un vicepresidente regional utilice las redes sociales para lanzar comentarios que generan alarma social, cuando las Fuerzas de Seguridad, Salvamento Marítimo y Cruz Roja están saturadas con la gestión y atención de quienes llegan a las costas de Cartagena. Guste o no a quienes ocupan puestos de responsabilidad y representación institucional, la inmigración irregular solo puede encararse desde el respeto a la legalidad internacional, que obliga a atender a los menores no tutelados, a proteger a los solicitantes de asilo y a dar ayuda humanitaria a quienes arriban a nuestro territorio. Desmerecer a las ONG que llevan asumiendo esa tarea desde hace años es de una ingratitud pasmosa. Y no digamos ya tachar, como hizo Martínez Alpañez, de delincuentes a todos cuantos llegan en pateras, un señalamiento tan falsario e inhumano como atentatorio contra la dignidad de las personas.

Las competencias están en manos del Gobierno central, que está obligado a poner los recursos necesarios. Fuentes sindicales de la Policía denunciaron la falta de efectivos y de un protocolo adecuado. Convendría saber con detalle cuáles son las necesidades reales y acordar una mayor colaboración entre administraciones para evitar esa sensación de descontrol del pasado fin de semana. Reclamar un poco más de eficacia y algo menos de demagogia no es mucho pedir.

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