La tiranía de las minorías

La tesis de este trabajo es que una parte importante del grave retroceso democrático de Estados Unidos está en su Constitución, precisamente la carta magna que los padres fundadores de la democracia norteamericana elaboraron para protegerse del autoritarismo. La gran preocupación de muchos pensadores del siglo XVIII, desde Edmund Burke y John Stuart Mill a Alexis de Tocqueville, era que la democracia pudiera derivar en una tiranía de las mayorías que desprotegiera a las minorías. Esa idea inspiró la Constitución americana y las de todas las democracias liberales modernas, que blindan la separación de poderes con todo tipo de contrapesos para evitar un uso abusivo del poder ejecutivo. Exactamente lo que ha ocurrido, con graves retrocesos democráticos, en regímenes populistas salidos de mayorías electorales, tanto de izquierda (Venezuela) como de derecha (Hungría). Para ambos politólogos, el problema estadounidense es el contrario, una Constitución que permite que las minorías frenen a las mayorías, e incluso las gobiernen. Los republicanos ganaron el voto popular solo una vez en las presidenciales de los últimos veinte años y sin embargo lograron tres victorias en el Colegio Electoral que llevaron a sus candidatos hasta la Casa Blanca. Ocurrió con Trump, que una vez investido, dispuso del poder para conformar una mayoría conservadora en la Corte Suprema y socavar la ley del derecho al voto. A la postre, con el mayor peso para el Senado de los estados rurales más despoblados, «los republicanos puede seguir radicalizándose porque, a diferencia de los demócratas, no necesitan ganarse a la mayoría de los votantes», dice la periodista Michelle Goldberg. Levitsky y Ziblatt abogan por una reforma constitucional, una vía difícil porque muchos demócratas son reacios a cualquier iniciativa que parezca deslegitimar su carta fundacional.

Este tipo de tensiones no son ajenas a nuestra democracia. Están latentes especialmente desde 2004 y alcanzan picos de intensa crispación en momentos como el actual, donde el partido que ha ganado las elecciones, el PP de Feijóo, no tiene asegurados los votos suficientes en el arco parlamentario para llegar al Gobierno. Así funciona nuestra democracia parlamentaria, tal y como consagra nuestra Constitución. Y está bien que sea así. No es la primera vez ni será la última que PP y PSOE han gobernado tras pactar con partidos nacionalistas a cambio de cesiones de competencias, financiación, infraestructuras... Ocurre esta vez que la llave de la gobernabilidad está en manos de un partido independentista dirigido por un prófugo de la Justicia, que pide nada menos que una amnistía para 1.432 encausados por los hechos del 'procés' y, después, un proceso de autodeterminación vía referéndum. Dos exigencias que chocan con la Constitución, según la mayoría de los juristas, y que supondrían ya no el perdón de las penas que habrían de llegar sino el declarar como inexistentes los delitos cometidos en 2017 que están siendo instruidos por la Justicia. Lo que tenía sentido en 1977, en plena transición de un Estado totalitario a uno democrático, se produciría ahora sin ningun tipo de andamiaje moral pues su única razón real sería como pago por apoyar una investidura. Creo que el historiador Juan Pablo Fusi tenía razón cuando hace unos días manifestaba que aceptar tal amnistía a la carta solo podría interpretarse como un triunfo legitimador del 'procés' y una derrota del estado de derecho. La situación es endiablada, tanto que está abriendo fisuras en el PSOE por las críticas de muchos históricos del partido a la posibilidad de que Sánchez pase por el aro de impunidad que ha dibujado un partido independentista a la baja (siete diputados), pero con un poder desmedido para exigir y decidir en razón de la pura aritmética parlamentaria. Cuando le corresponda si fracasa la investidura de Feijóo, como todo parece indicar, Pedro Sánchez tendrá que decidir si apura al límite las posibilidades que ofrece la Constitución para conseguir el apoyo del independentismo catalán y del soberanismo vasco. Parece difícil que pueda hacerlo respetando el espíritu y la letra de la Carta Magna, que no siendo perfecta es el arco de bóveda que ha apuntalado 40 años de democracia.

Dada la incapacidad de los dos grandes partidos para alcanzar consensos, y ocupados como están en irresponsablemente deslegitimarse, son las formaciones minoritarias quienes a la postre condicionan gran parte de nuestra vida democrática. Pasó también con Podemos cuando estaba en franca caída y lo necesitó el PSOE (ayer Podemos puso un nuevo precio: la continuidad de Irene Montero). Y ha sucedido también con Vox de la mano del PP en no pocos territorios. La democracia implica el respeto y reconocimiento de las minorías, pero algo falla cuando logran condicionar e imponerse a las mayorías, una y otra vez.