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Los sherpas son esos vitales guías nepalíes que utilizan los alpinistas para conquistar las cimas del Himalaya, pero por analogía funcional también reciben ese nombre los altos funcionarios que allanan el camino y conducen a los jefes de Estado o de Gobierno a exitosos acuerdos ... en las cumbres internacionales. En la formación de los gobiernos autonómicos que precisan de pacto entre PP y Vox no han existido sherpas. Ni siquiera mediadores locales de menor rango. Feijóo metió presión a sus barones antes del 28-M, dando a entender que prescindiría de quien no diera la talla electoral, incluido López Miras, pero luego les dejó un amplio margen de maniobra para la negociación postelectoral sin aparente intervención directa de representantes de Génova. Por el contrario, Abascal mandó a miembros de su círculo más estrecho, pretorianos del ala más dura del partido, para comisariar, manu militari, las conversaciones con los populares. Kiko Méndez Monasterio fue a Valencia, Jorge Buxadé a Extremadura y Enrique Cabanas a Murcia. En el caso valenciano, la negociación duró solo unas horas porque Carlos Mazón, en su afán por aferrar el poder, cedió prácticamente en todo salvo en la línea roja marcada por Génova (dejar fuera al candidato de Vox condenado por maltrato).
Aquí en Murcia las conversaciones duraron dos días. No llegaron a puerto porque el PP estaba dispuesto a ceder un sillón en la Mesa de la Asamblea, pero no en el Gobierno. Y eso es lo que en definitiva quiere Abascal, tras comprobar la irrelevancia autonómica de su partido tras años de apoyo parlamentario al PP en Andalucía y Madrid, donde hoy Isabel Díaz Ayuso y Juanma Moreno gobiernan con mayoría absoluta. Hace dos años, Vox votó a favor de la investidura de Díaz Ayuso, sin pedir entrar en su Gobierno, habiendo quedado la lideresa a cuatro escaños de la mayoría absoluta con un 44,7% de los votos, un resultado que el propio Abascal calificó de «extraordinario». Pero ahora, con resultados similares en la Región (victoria de López Miras con el 42,7% de los votos y a dos diputados de la mayoría absoluta), estamos ante la posibilidad de una repetición de las elecciones porque Abascal ha decidido que el precio por la abstención en la investidura de López Miras es la entrada en el Gobierno. Una posición de máximos, similar a la que mantiene ese partido en Extremadura, Aragón y Baleares, donde el PP sí necesita de los votos de Vox, como aquí, para desbancar al PSOE.
Un pacto de gobierno entre PP y Vox en la Región no parece factible antes del 23-J. Para empezar, porque López Miras rompería su compromiso con gran parte del electorado que le aupó el 28-M, lo que tendría una grave penalización en las próximas generales. López Miras basó su campaña en la búsqueda de esa «mayoría necesaria» para un gobierno en solitario que evitara la inestabilidad y los conflictos internos de los últimos cuatro años. Si venció el 28-M fue porque esa idea caló y creció por el centro, absorbiendo el voto de Ciudadanos. Exvotantes de ese partido y del PSOE le dieron su apoyo precisamente para evitar que Vox llegara al Ejecutivo. Y si los votantes tradicionales del PP hubieran querido que Vox estuviera en el Ejecutivo, habrían votado a Vox. Pero es verdad que los de Abascal también tienen difícil ceder. No solo porque muchos de sus fieles se replantearían la utilidad de su voto. También porque ha tenido el apoyo de destacados empresarios del sector agroalimentario, que apostaron por Abascal para intentar cambiar la ley del Mar Menor. No es un secreto que Vox quiere la Consejería de Agricultura, como ya ha obtenido en la Comunidad Valenciana, incorporando además las competencias sobre el agua y el medio ambiente. Cualquier otra cosa significaría un fracaso para esos poderosos apoyos económicos del partido de Abascal.
Los populares son conscientes de que tendrán que pactar con Vox en la Asamblea Regional para sacar adelante los Presupuestos y otras iniciativas legislativas. Aunque el PP tiene mayoría en la Mesa, está en minoría en la Junta de Portavoces, que controla la actividad parlamentaria, incluidas las comparecencias del presidente regional. Pero de ahí a abrir las puertas del Gobierno media un abismo. Salvo durante esas 48 horas no ha habido interlocución entre PP y Vox. Y en la breve negociación frustrada solo se habló de sillones, no de políticas. Si vuelven a dialogar intuyo que será complejo llegar a acuerdos. Vox ha endurecido su discurso, relegando a quienes, como Espinosa de los Monteros, representaban el ala más liberal en lo económico. Ahora están al alza los más doctrinarios e ideológicamente más radicales. Los negacionistas del cambio climático y de la violencia machista.
El riesgo de que Vox ponga ahora sobre la mesa cuestiones que gozan de amplio consenso social es más que evidente, también a nivel regional, donde afloran nuevos vigilantes de ese posicionamiento más ultra. Llamó mucho la atención y levantó suspicacias internas que a la primera visita a la alcaldesa de Cartagena del líder local de Vox, Diego Salinas, le acompañara el diputado Rubén Martínez Alpañez, representante de esa ala más dura con la que López Miras tendrá que dialogar, con o sin sherpas, en los próximos cuatro años. Difícil panorama para el PP sabiendo que si pierde el poder Pedro Sánchez este 23-J será más por sus pactos que por sus políticas.
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