Una quita insuficiente

Si Pedro Sánchez logra vencer la resistencia de algunos de sus socios, desde Junts a Compromís, y saca adelante el proyecto de ley que condona 83.252 millones de deuda a las comunidades, estoy convencido de que el Gobierno regional no renunciaría finalmente a la quita de 3.318 millones, el 27% de su deuda, por más que se oponga a lo que, en efecto, es un trágala diseñado para revestir un acuerdo con ERC y mantener a flote el Gobierno de coalición. Esta es una quita política negociada exclusivamente con ERC que aliviará parcialmente, y nunca antes de un año (el tiempo estimado de tramitación parlamentaria), la solvencia financiera de las arcas regionales, en la medida que supondrá un ahorro en el pago de intereses de la deuda regional. Esta no desaparece, sino que la asume la administración central, mutualizándola así sobre las espaldas de todos los contibuyentes españoles, obviamente también los murcianos. Es un balón de oxígeno para la Comunidad superior al inicialmente esperado por el consejero de Hacienda, Luis Alberto Marín, quien dijo en noviembre de 2023 que, de producirse la quita en los términos planteados con ERC, no aceptarían menos de 3.200 millones, aunque un mes después elevó el listón por encima de los 8.000 millones, cifra de la deuda que el Ejecutivo murciano imputa a su infrafinanción.

El montante propuesto por la ministra Montero está lejos de esa cantidad, incluso de la que propuso hace semanas Sumar Región de Murcia: una quita del 35%, porcentaje fijado en función de su propio cálculo de nuestra infrafinanciación. Y la causa, como señala Ángel de la Fuente, de Fedea y considerado el mayor experto en finanzas autonómicas, es que el Ministerio no ha tenido en cuenta la infrafinanciación acumulada por las comunidades desde que está vigente el actual modelo de financiación. Y de ahí que Cataluña recibe un 87% más con la propuesta del Gobierno y la Comunidad Valenciana, la Región de Murcia y Andalucía entre un 15% y un 40% menos de lo que les hubiera correspondido teniendo en cuenta el ciclo completo de financiación, según De la Fuente.

Además de las dudas sobre la equidad de esta quita están las relativas al uso que pueden hacer las comunidades con lo que se ahorran. Dijo la ministra portavoz, Pilar Alegría, que las autonomías podrán dedicar más a educación o sanidad con lo que dejarán de pagar por la deuda. La realidad es que la Comunidad no recibirá más recursos sino que dejará de pagar parte de lo prestado por el FLA. Y ese ahorro, según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), «no modifica el cálculo de la regla de gasto y, por lo tanto, no genera un mayor margen de gasto en otras políticas públicas», en contra de lo sostenido por el Gobierno central.

El análisis de la AIReF y Fedea es técnico, no político. Ambas instituciones independientes muestran su inquietud porque esta condonación de deuda autonómica no lleva aparejada una condicionalidad fiscal que obligue a las autonomías a gestionar con rigor para no continuar incrementando su gasto por encima del crecimiento potencial de la economía. «Puestos a incentivar la irresponsabilidad fiscal, la propuesta es difícilmente superable», dice De la Fuente, mientras que la AIReF expresa su preocupación pues las autonomías están incumpliendo la regla de gasto con un crecimiento medio del 7%, en algunos casos con incrementos de dos dígitos.

Todos los expertos coinciden en que la interinidad permanente de los mecanismos adicionales de financiación y del propio sistema de financiación autonómico no pueden continuar por mucho más tiempo. Ni Rajoy procedió a esa reforma ni Sánchez en sus ocho años de gobierno. Por el bien de España, la tramitación de esta ley en el Congreso debería servir para abrir en paralelo una negociación entre todas las fuerzas parlamentarias y las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera para iniciar de una vez por todas la reforma del modelo de financiación. Soy poco optimista. Tanto Junts como ERC no están en el interés general del país, sino en la financiación singular de Cataluña, y eso marcará la agenda política de un Gobierno sometido al chantaje permanente de ambos partidos independentistas.

En este contexto político, el Gobierno regional tendrá poco margen de maniobra. Podría intentar mejorar el volumen de la quita en una negociación directa con Hacienda, pero supondría caer en la trampa que denuncia para dividir a las comunidades gobernadas por los populares. Y alguna, como la que preside Isabel Díaz Ayuso, que no ha recurrido en estos años al FLA, se opondría a una quita mayor pues la deuda no desaparece sino que se mutualiza. Ante la más que probable hipótesis de que no habrá ni nuevo modelo ni fondo transitorio de nivelación, sobre la mesa solo estará la quita propuesta. Si hubieran querido frenarla, los consejeros autonómicos del PP podían haber evitado acudir al Consejo, impidiendo el quorum necesario para votarla. La Comunidad al final no renunciará a ella.

• Temas
• Región de Murcia
• Pedro Sánchez