El presidente en su laberinto

Tenía pensado escribir este domingo sobre la encrucijada en el PSOE para sustituir a Teresa Ribera al frente de un Ministerio tan relevante para la Región, pero eso parece ahora una cuestión menor tras la inesperada carta en la que Pedro Sánchez anuncia que medita su dimisión y se da de plazo hasta mañana para anunciar su decisión. Solo el presidente atesora todas las claves que explicarían un insólito comportamiento del que no hay precedentes en nuestra democracia. Adolfo Suárez se dirigió a la ciudadanía para comunicar su marcha, pero no se dio ningún plazo para reflexionar si merecía la pena continuar siendo el presidente de Gobierno de los españoles. Sánchez abrió el miércoles una ventana de cinco días de incertidumbre, desprovista de certezas y propensa a todo tipo de especulaciones.

No es ni mucho menos la primera decisión arriesgada que toma el líder del PSOE, pero quien hasta ahora había dado muestras de una resiliencia fuera de lo común nunca había exhibido semejante vulnerabilidad personal y política. El hecho de que sea su esposa el blanco de una investigación judicial por posible tráfico de influencias puede explicar, sin duda, el quebranto personal de Sánchez, aunque todo parece indicar que la causa no tendrá recorrido penal, lo que no significa que su archivo ya solicitado por la Fiscalía vaya a ser inmediato. Si solo es esto lo que inquieta al presidente parece desproporcionado que amague con tirar la toalla. La admisión a trámite de una denuncia no prejuzga la presunción de inocencia de Begoña Gómez por sus contactos con empresas que, por lo que se conoce hasta ahora, parecen más cuestionables estética que penalmente.

Tras las informaciones que vienen apareciendo en el último mes, incluida una no desmentida sobre el encuentro de Begoña Gómez con un comisionista del 'caso Koldo' y Javier Hidalgo, consejero delegado de Globalia, lo que cabía esperar era que Sánchez hubiera dado oportunas explicaciones. Y también que, en paralelo, si su esposa considera que es víctima de bulos lesivos para su honor, actuase judicialmente contra los medios digitales que los han publicado, entre los que hay varios de dudosa credibilidad, pero al menos uno de contrastada rigurosidad, como es El Confidencial.

Nuestro estado de derecho consagra la libertad de información pero no ampara a quienes traspasan los límites constitucionales que protegen el honor de las personas. Por el contrario, con su escrito, Sánchez optó por amagar con irse, presentándose como víctima de «una operación de acoso y derribo» por «la derecha y la ultraderecha», a través de una presunta trama de partidos, medios de comunicación y el pseudosindicato que presentó la denuncia.

La posibilidad de que Sánchez esté desplegando una jugada táctica para movilizar a las bases de su partido y electorado de cara a las próximas citas en las urnas ha sido puesta sobre mesa, pero me resisto a creer que haya sumido a su organización en el desconcierto y la conmoción por una supuesta estratagema política. Con sinceridad, no le creo capaz de instrumentalizar a quienes ayer, llegados de todos los puntos del país, le expresaron su apoyo para intentar convencerle de que no dimita. Mi impresión es que su decisión de abandonar La Moncloa estaba tomada el mismo miércoles en que anunció que dudaba si su continuidad merecía la pena en lo personal. Otra cuestión es si finalmente la hará efectiva tras la multitudinaria muestra de respaldo de su partido y de sus socios de Gobierno, que también ven con incertidumbre la posición en que quedarían si Sánchez dimite.

Cualquiera que sea su decisión, el horizonte político apunta a un nuevo periodo de turbulencia y polarización. Sánchez ha quedado tocado, exhibiendo un talón de Aquiles que la oposición no desaprovechará. A nivel internacional también resultó señalado. Basta con ojear los medios de comunicación europeos para constatar el varapalo reputacional. Si Sánchez no renuncia puede optar por convocar una cuestión de confianza, como ya hicieran otros presidentes, señalar fecha para unas elecciones anticipadas o bien retomar su agenda pública, quizá anunciando alguna iniciativa en línea con su reflexión sobre los límites del ejercicio de la política con el argumento de que nos jugamos la democracia. Sin duda, acabar con la degradación que envuelve la política española merece la pena. Es una tarea exigible a todos los partidos. También al que hoy se siente víctima del fango. Dejar atrás ese pestilente lodazal es necesario, pero siempre desde el respeto a la separación de poderes, el derecho a la información y la igualdad de todos ante la ley.