Mercaderes de la duda

En una habitación del Hotel Plaza de Nueva York se reunieron, el 15 de diciembre de 1953, los máximos responsables de cuatro grandes fabricantes de tabaco en Estados Unidos con un especialista en relaciones públicas. El asunto a tratar era cómo encarar la inminente publicación de un estudio científico que vincula el consumo de cigarrillos con el cáncer de pulmón. El consultor les recomendó que hicieran frente a la ciencia, que publicaran anuncios a página completa en los periódicos estadounidenses, que contratasen a sus propios científicos para presentar una narrativa alternativa, que se pusieran en contacto con los periodistas y sus editores para que reflejaran las 'dos partes' de la polémica del tabaco. El objetivo era generar en el público estadounidense la idea de que los perjuicios del tabaco para la salud eran motivo de una controversia científica que estaba abierta. Y todo para que la sociedad se cuestionase la verdad sobre algo de lo que no dudaban los científicos: los cigarrillos dañan la salud. Las tabacaleras lograron su objetivo y estuvieron vendiendo cigarrillos sin restricciones hasta que en 1998 tuvieron que hacer frente a 200.000 millones de dólares para cubrir los gastos sanitarios asociados al tabaquismo. Fue el precio de un acuerdo extrajudicial frente a las demandas de los 37 estados de EE UU ante los tribunales.

Esta historia, narrada con detalle en el libro 'Mercaderes de la duda' por Naomi Oreskes y Erik Conway y recogida por el profesor Lee Mcintyre en su última obra, marca el origen del negacionismo científico moderno, utilizado luego por otras industrias para negar las causas y efectos de la lluvia ácida, el agujero de ozono o el calentamiento global, conocidas en este último caso desde 1977 por algunas compañías del sector de los combustibles fósiles. El patrón negacionista se perpetúa, siempre con estrategias de desinformación que lo que buscan es socavar la confianza en los científicos, medios de comunicación o cualquiera que suponga un obstáculo. El fin último es desviar la atención y generar dudas en la población.

En los últimos tiempos, asisto con verdadero estupor a la utilización de esa misma estrategia por las empresas agrícolas del Campo de Cartagena agrupadas en la Fundación Ingenio. El campo español, como gran parte del resto de la UE, atraviesa una crisis muy profunda por el incremento de los costes de producción, la competencia desleal de productos de terceros países y las exigentes legislaciones comunitarias en materia de protección medioambiental. La evolución de la renta agraria da una idea bastante aproximada del calado de la crisis en un sector que es clave para garantizar la soberanía alimentaria de la UE.

Lo que sucede es que para defender la compatibilidad de la agricultura y el Mar Menor, una idea razonable que es compartida por muchas personas si se opta por un modelo agrícola sostenible, la citada fundación intenta desactivar la ley con un relato muy alejado del consenso científico, que apunta como causa de la eutrofización al vertido durante décadas de nutrientes, fundamentalmente nitratos de origen agrícola. Lo que sucede en nuestra laguna ocurre también en numerosas zonas de costa y lagos del mundo, siendo el nitrato el nutriente dominante en aguas saladas eutrofizadas y el fosfato en aguas dulces. Es un fenómeno muy estudiado y conocido. La Agencia de Protección Medioambiental de EE UU acaba de publicar su última revisión sobre la eutrofización en los ríos y costas de ese país.

Sin embargo, en contra del criterio de los investigadores del Instituto Oceanográfico Español, las tres universidades de la Región y el Cebas, el citado 'lobby' de la industria agroalimentaria se afana en atribuir la 'sopa verde' de la laguna a fosfatos procedentes de aguas residuales, todo ello sin el respaldo de una sola publicación en una revista científica de prestigio. En estos últimos años, la citada fundación ha buscado investigadores para su causa en lugares remotos, elabora publirreportajes y paga por publicarlos en todo tipo de soportes para diseminar su relato, auspicia y financia asociaciones profesionales de carácter instrumental y contrata a caras empresas de comunicación especializadas en gestión de crisis.

La última ocurrencia ha sido difundir esta semana, a través de una asociación de ingenieros agrónomos creada y financiada para su causa, una nota de prensa sobre un estudio científico, que se envió a medios nacionales y regionales (muchos la publicaron sin leer el trabajo original), donde se dice que las playas del Mar Menor son las más contaminadas con cremas solares de la Península. Eso es completamente falso. El estudio especificaba que las mayores concentraciones de filtros solares se encontraron en el Mar Menor, cuyas aguas tienen menor renovación, al no estar frente a mar abierto, pero no podía decir, y no decía, que fueran las más contaminadas de la Península, dado que solo se examinaron playas de nuestra laguna y de la costa de Cádiz, el Algarve y Lisboa. Además, volvía a deslizarse en la nota la idea de que las depuradoras no son eficaces eliminando estas sustancias, cuando la realidad es que el estudio minimizaba la influencia de las plantas depuradoras como factor de incidencia.

Es cierto que el Mar Menor está expuesto históricamente a una contaminación multifactorial. Mejorar la red de abastecimiento y alcantarillado está bien, cómo no, pero las aguas residuales tienen un rol marginal en la eutrofización del Mar Menor. Se utilizan para desviar la atención sobre la principal causa, el exceso de nitratos, del desequilibrio ambiental, la falta de oxígeno y la mortandad de especies. Eso es lo que se busca. Generar dudas y que la gente termine por pensar (erróneamente) que el problema del Mar Menor es objeto aún de debate científico. Y se hace sin importar nada que sea faltando reiteradamente a la verdad, provocando la desconfianza en los científicos de nuestros organismos públicos de investigación y perjudicando la reputación de nuestras playas, nuestro sistema de depuración de las aguas, que es uno de los grandes activos regionales, y del conjunto del sector agroalimentario.

La citada fundación dedica importantes cantidades de dinero para generar su relato alternativo con ayuda de empresas de comunicación nacionales. Dinero que procede de sus patronos, empresas del sector y la Comunidad de Regantes de Cartagena, que otorgó 2,4 millones a esa Fundación para actividades de comunicación. Desde luego, es chocante que, con el impuesto de los contribuyentes, el Ministerio para la Transición Ecológica subvencione el agua desalada a quien puede permitirse donar millones de euros para actividades de desinformación que arrojan dudas sobre el trabajo de los organismos públicos de investigación que dependen de ese Ministerio. Un círculo vicioso bastante impresentable, que no hace justicia a la trayectoria, responsabilidad y buen hacer del conjunto de regantes del Levante, incluidos lo del Campo de Cartagena, cuya imagen se ve perjudicada por todo esto en círculos políticos y empresariales nacionales cuando plantean sus demandas.

Los intereses personales en el Campo de Cartagena de empresarios que viven a cientos de kilómetros del Mar Menor, y de quienes aspiran a liderar desde aquí una plataforma nacional que aproveche el descontento generalizado del agro, se suman a los propios de un partido político que ha hecho del negacionismo científico una seña de identidad. Lo tiene complicado el agro regional en Europa con semejantes paladines y liderazgos.