En manos de Puigdemont

La política nacional está que arde y el fragor de la batalla llega hasta la España más periférica y alejada de los auténticos centros de poder. Tras la fallida investidura de Feijóo, inviable desde que pactó con Vox varios gobiernos autonómicos, todo el país está pendiente de las exigencias del prófugo Puigdemont, que quiere absoluta impunidad para los delitos asociados al 'procés', incluidos los de malversación y terrorismo, a cambio de esos siete votos que necesita Pedro Sánchez para seguir en Moncloa. No está tanto en discusión la legitimidad del presidente en funciones de buscar pactos con todas las fuerzas parlamentarias, salvo para sus más radicales opositores, como la naturaleza de sus acuerdos, especialmente una amnistía a la carta que ya calienta en el horno y que causa rechazo hasta en figuras destacadas de las propias filas socialistas. Un borrado de delitos para cientos de independentistas que, antes de las elecciones, Sánchez y sus ministros consideraban imposible por no tener encaje en la Constitución. Ahora, tras el 23-J, parece que sí se puede.

Se hará «en nombre de España» y por la «convivencia», dijo Sánchez el pasado fin de semana, como parte de ese nuevo relato. Un auténtico trágala que le está costando digerir a no pocos veteranos dirigentes socialistas y a la mayor parte de la judicatura, pues la amnistía propuesta se percibe como una quiebra del principio de igualdad de la ley, como un revés inasumible al Estado de derecho. Imagino que tampoco debe de ser fácil de asimilar para esos funcionarios del Estado que en nuestras embajadas y consulados han estado durante seis años explicando a nuestros socios europeos que era falso el relato victimista de Puigdemont. Un trabajo diplomático obligado porque este 'president', que huyó tras incumplir la Constitución y Estatut con su declaración unilateral de independencia, se dedicó durante todos estos años a vilipendiar la democracia española en Europa.

Para justificar la amnistía, en ese preámbulo de la ley pactado por PSOE y ERC, se elimina toda crítica al 'procés' y se pone toda la responsabilidad de la actual situación en la sentencia que anuló parte del contenido del Estatut ya refrendado por los ciudadanos como responsable de que se entrara en una fase «especialmente crítica». «Los acontecimientos producidos entre la sentencia del Estatut hasta el referéndum anulado por el TC de 2017 generaron una tensión institucional y social, que se agravó con el inicio de múltiples procedimientos judiciales, buena parte de los cuales, todavía hoy siguen tramitándose», se dice en el texto. Un relato de parte al que ya solo le faltaría decir que hubo una persecución judicial represora, como ha venido manteniendo Puigdemont, en lugar de cumplimiento estricto de la ley por jueces y fiscales. Pues eso es precisamente lo que quiere ahora el líder de Junts: ir un paso más allá y que se reconozca en el preámbulo de la ley que hubo persecución a independentistas con montajes judiciales. Que el Gobierno español incurrió en 'lawfare'. Nada más y nada menos. Y en esa pretensión desmesurada está hoy encallada la negociación de la investidura.

Sánchez está hoy en manos de Puigdemont, que está mostrando una nítida disposición a estirar la cuerda hasta el final, quién sabe si pidiendo también el perdón para la familia Pujol, pendiente de juicio por delitos de asociación ilícita y blanqueo de capitales que nada tienen que ver con el 'procés'. O de uno de sus colaboradores imputado en el 'caso Volhov', relacionado con la injerencia rusa en el proceso ilegal de independencia. Muy difícil lo tendría Sánchez para justificarse aquí y en Europa si la amnistía se aplica a casos de corrupción, como el de la familia Pujol o el de la secretaria general de Junts, Laura Borràs, condenada por malversación. O que en la amnistía se incluyese a los activistas de los CDR y Tsunami Democratic que tienen pendientes juicios en la Audiencia Nacional por delitos de pertenencia a organización terrorista y tenencia, depósito y fabricación de sustancias o aparatos explosivos inflamables. Puigdemont quiere impunidad total. O todo o nada. Una oferta trampa para el futuro del PSOE.

Junts y ERC estaban en pleno declive electoral y político en Cataluña, pero la aritmética parlamentaria les condujo a esta privilegiada situación en el Congreso de los Diputados ante un presidente en funciones en estado de necesidad. Desconozco cómo acabará esta negociación. Puigdemont ya demostró en el pasado que es impredecible. Lo que sí intuyo es que de aprobarse esta amnistía no tendrá ese pretendido efecto balsámico, al menos en el conjunto de España. El precio a pagar es demasiado alto teniendo en cuenta que se pasa por encima de principios democráticos que deberían ser intocables, como el de la igualdad ante la ley. También creo que le pasará factura al PSOE, pues la amnistía no dejará de desgastarlo al perpetuarse como factor de fricción partidaria e institucional. Llegará al Tribunal Constitucional y luego a los tribunales europeos. Esa es una parte de la historia pues el acuerdo de condonación de un 20% de la deuda catalana, pactado bilateralmente entre PSOE y ERC, ya ha levantado en armas a las comunidades gobernadas por el PP, que se sienten ninguneadas por una decisión que les afecta en el crítico apartado de la financiación autonómica.

La ruptura de puentes entre los dos grandes partidos nos ha llevado hasta este peligroso desfiladero. Uno, pactando con una derecha radical antieuropeísta y, otro, acordando con independentistas y herederos de la izquierda proetarra cuestiones muy sensibles de dudosa constitucionalidad. Todo justificándose desde ambas orillas para evitar que el bloque de enfrente gobierne. Y mientras, se degrada el Estado de derecho, la arquitectura institucional y la calidad democrática. Como siempre, nuestra España en su perpetuo laberinto.