El grito del agro

¿Qué es más importante? ¿El arte o el derecho a una alimentación sana y sostenible? ¡Nuestro sistema agrícola está enfermo!», gritaron dos activistas mientras lanzaban sopa de calabaza a la Mona Lisa de Da Vinci. El del mes pasado fue el último de 38 ataques desde 2022 a obras en museos europeos por minoritarios y radicales activistas, sin que esas acciones para lograr la atención de la sociedad a través de los medios hayan suscitado algún apoyo. Al contrario. Ahora, los agricultores de la UE están movilizándose para concitar la atención de los europeos, con un amplio respaldo social en España que ayer reflejaba un sondeo nacional. Son decenas de miles y gritan en las calles que la agricultura y ganadería europeas no están enfermas, sino que las están matando y agonizan.

Mal asunto porque, gracias a ese sector, 450 millones de personas «tienen acceso a alimentos seguros, saludables y asequibles», en palabras de la presidenta de la Comisión Europea. A la vista de la magnitud de las protestas, Von der Leyen no tuvo más remedio que reconocer la poca atención prestada a agricultores y ganaderos en la definición de la PAC y el pacto verde europeo. La prueba más tangible está en que no fue hasta hace unos días, ya en la recta final de esta legislatura europea, cuando el Ejecutivo comunitario procedió formalmente a abrir ese diálogo estratégico sobre el futuro de la agricultura. Un diálogo que debía haber llegado mucho antes porque este proceso de transición ecológica, impulsado a matacaballo y al margen de los trabajadores de la tierras agrícolas, fue aprovechado por las formaciones europeas populistas para rentabilizar su descontento, como muestran los sondeos de cara a las elecciones europeas de junio.

La respuesta de Von der Leyen fue frenar el acuerdo Mercosur y retirar el plan para la reducción de los pesticidas más peligrosos en un 50% hacia 2030. Un programa que preocupaba a los pequeños agricultores porque obligaba a un control exhaustivo con un cuaderno digital de explotación y porque disminuiría el rendimiento de los cultivos, con un descenso de la producción que acarrearía aumento de precios y más importaciones de terceros países. La retirada de ese plan dio un respiro a los agricultores, pero dista de solucionar los problemas del campo. Son demasiados. La crisis energética, el levantamiento de ciertos aranceles con Ucrania y la escalada de precios de fertilizantes y otros insumos penalizan a todos los agricultores europeos. En España, la bienintencionada ley de la cadena alimentaria, quizá por la insuficiente capacidad de supervisión de la administración pública, no ha logrado sus efectos y la brecha entre lo que lo que cobran los agricultores por sus productos y lo que pagan los consumidores sigue sin achicarse. La sequía golpea además con fuerza al agro español, que sufre la competencia desleal de hortalizas y cereales de terceros países, a los que no se les piden requisitos fitosanitarios tan exigentes. Es mucho el viento en contra, aunque su incidencia es desigual porque el agro español es muy heterogéneo territorial y estructuralmente. Esta tormenta perfecta afecta sobre todo a los pequeños agricultores y ganaderos, que tienen muchas dificultades para comercializar a buen precio y se ven abocados a trabajar a pérdidas. Las grandes empresas del agro, con mayor capacidad de resiliencia, no pierden rentabilidad. Eso explica el interés de los fondos de inversión por empresas agrícolas murcianas y que estas hayan aumentado sus exportaciones un 6% en 2023 hasta el alcanzar los 3.300 millones. Son los pequeños agricultores, representados por las organizaciones agrarias tradicionales, quienes más reclaman cláusulas espejo frente a países como Marruecos o Senegal, donde un par de empresas de la Región cultivan melones y hortalizas.

Ese variopinto agro español se enfrenta al reto de definir bien sus demandas. Bruselas se ha equivocado en esta transición por la falta de diálogo, el ritmo impuesto y haber obviado que la rentabilidad es una de las patas de la sostenibilidad. Pero el agro, que es la principal víctima del cambio climático, cometería un error si se apunta al negacionismo científico y cae en las trampas populistas de quienes buscan rédito electoral, agitando el espantajo de la Agenda 2030, mientras defienden según qué acuerdos de libre comercio. Algunos querrían que estas protestas se eternizaran y radicalizaran, lo que podría terminar quién sabe sin con algún agitador lanzando sopa de tomate contra las pantallas donde se proyecte cine español al grito de ¿qué es más importante?, ¿el arte o producir alimentos? Un falso dilema que no ayudaría en nada a los custodios de un mundo rural en grave riesgo de desaparición.